Luego del despido de cuatro trabajadores de la empresa Explora, que produce biodiesel en Puerto San Martín, en cercanías de Rosario, que fue la primera en negarse a pagar la primera cuota de la gratificación anual pactada para el 10 de enero, inició un conflicto cuyo final es imprevisible luego de que la Prefectura Naval militarizara el ingreso a la planta.

“A los compañeros los echaron como a los perros, sin causa, sin justificación, sin siquiera un telegrama y desde el gremio no lo vamos a permitir”, expresaron desde el Soea, que mantiene una protesta activa en los portones de la planta de biodiésel. Dicha situación puso en alerta a todos los aceiteros del país.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto a los cuerpos de delegados de las empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país, denunciaron el “grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad.”

A través de un comunicado, advirtieron: “Si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos, que fueron conquistados en muchos años de lucha.” La bronca de los trabajadores aceiteros se debe a que varias empresas decidieron incumplir con los convenios colectivos aceiteros y los acuerdos paritarios: “en algunos casos, despidieron trabajadores discriminatoriamente por el hecho de reclamar el pago de sus salarios conforme a derecho. Esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas en la que se despidieron trabajadores”.

De acuerdo a los sindicatos del sector así se sucedieron los hechos:

-En Explora SA, de Puerto San Martín, despidieron cuatro trabajadores falseando causas. La decisión patronal es una represalia por la retención de tareas que llevaba el conjunto de los trabajadores para reclamar por la falta de pago de la primera cuota de la gratificación extraordinaria. Ahora el reclamo salarial se convirtió en una huelga hasta tanto se efectivice la reincorporación de los despedidos y se abonen los salarios conforme derecho.

• Las empresas Vicentín y Renopack, en todos sus establecimientos aceiteros, se encuentran transitando una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque también decidió no pagar el bono anual, lo que provocó una medida de retención de tareas. Este ilegal accionar patronal se da en el marco del inicio de un insólito Procedimiento Preventivo de Crisis.

• El caso que más trascendió es el de Dánica en Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, porque la patronal decidió cerrar la planta en diciembre de 2024 despidiendo a la totalidad de los trabajadores, pero se logró la reapertura del sector de envasado con 40 trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario.

Dichos conflictos se suman a otros más largos como el que viene desarrollándose en Bahía Blanca con Viterra -hoy propiedad de Bunge- y la reciente militarización con el uso de la Prefectura Nacional y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas.

El comunicado, firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) concluye diciendo:

“Por todo esto, es que los sindicatos aceiteros y los trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país advertimos que, en caso de continuar estos hechos que implican un grosero avasallamiento de los derechos laborales, donde no hay garantía para los aceiteros de trabajar pacíficamente, que buscan desconocer y limitar el ejercicio del constitucional derecho a huelga, afectando también los derechos de los gremios como representantes de los trabajadores, daremos inicio a una huelga nacional aceitera.Hacemos directamente responsables a las empresas de la actividad y al gobierno nacional, que pretende criminalizar los conflictos laborales, por la integridad de nuestros compañeros y compañeras aceiteras que ejercen el derecho de huelga, inclusive ante las constantes provocaciones de las fuerzas de seguridad nacional que se encuentran al servicio de las patronales, mientras el ministro de Economía las beneficia con una rebaja de las retenciones.”

Luego de cuatro días de paro por la falta de pago de los bonos de fin de año de la cerealera Vincentín, el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria. La medida llegó luego de que dicha conciliación fuera rechazada por el gobierno provincial. Este lunes conversamos con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento de San Lorenzo, Martín Morales, mientras se transitaba por el paro por tiempo indeterminado con manifestaciones en la puerta de la empresa. Una entrevista en la que recordamos los diversos capítulos del conflicto con Vicentín que derivó en un concurso de quiebra. Frente a la retención de los salarios, los trabajadores afirman que ellos no pueden hacerse cargo de las políticas erráticas de la empresa. “Uno termina pensando que se están llevando todo de nuevo”, asegura Morales. “Esta gente ha hecho desaparecer 1.500 millones de dólares de préstamos otorgados por el Banco Nación entre otros”. Los argumentos de la empresa son absurdos, dice que tiene deudas millonarias pero los deudores son empresas que del propio Vicentín y familia. En La Columna Vertebral, hablan los trabajadores. Escuchalos.

Luego de celebrarse en el Congreso de la Nación el Día de la Marina Mercante, charlamos con Mariano Vilar, Secretario General de SICONARA, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, para conocer la situación que atraviesa el sector y la amenaza de cierres y privatizaciones.

LCV: Los gremios navegantes llevaron a cabo una charla en la Cámara de Diputados en conmemoración al día de la Marina Mercante argentina donde también se realizó una defensa de los institutos de formación. ¿Cómo estuvo ese encuentro?

—Bien, muy bien. Fue un encuentro organizado en conjunto con otros gremios marítimos, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, el Centro de Patrón y Oficiales Fluviales y también estuvo la Asociación de Capitanes y Baquianos, los gremios que estamos nucleados en la Escuela Nacional Fluvial. Estamos defendiendo estos institutos de formación. Es algo que venimos haciendo a raíz de la intención de la Armada de desligarse de los mismos, ya lo vimos con la Escuela Nacional de Pesca. La intención era también visibilizar esta situación para que no vengan por la escuela fluvial, ya lo hicieron por la escuela de pesca, que traten de pensar en otra cosa.

LCV: ¿Podes explicar qué significaría si la desarticularan, la hicieran desaparecer o por ahí un mal menor es cambiarla de jurisdicción? ¿Cuál sería el mal hacia la gente que se beneficia con que ustedes existan?

—La marina mercante es soberanía, lisa y llanamente. Nosotros, los marinos mercantes de Argentina, tienen un litoral marítimo y fluvial muy extenso, casi 5200 kilómetros lineales de litoral marítimo y fluvial, sin contar todo lo que es la Antártida y las islas. Si sumamos esos, son 11000 kilómetros lineales más. Eso no hay posibilidad por parte de la Armada de ninguna fuerza de tener que custodiar. Nosotros lo hacemos explotando y surcando las aguas, cuando navegamos por los mares, cuando navegamos por los ríos. Pensar en la formación de un marino por fuera de la Armada, nosotros entendemos que es un error estratégico, porque somos parte vital no solo en caso de conflicto bélico. Ahora la Armada en la propia página, publicó que terminó la campaña Sociosanitaria Fluvial 2024, que llevaron los buques de la Armada hasta Chaco, Corrientes. Y ahí fue un marino mercante quien hizo llegar a los buques hasta allá. Un baquiano que camina las aguas todo el tiempo, trabaja en esas aguas y hasta ahí llevó los buques de la Armada para llevar respuesta a nuestros compatriotas.

LCV: ¿El proyecto es privatizarlo a manos extranjeras?

—El proyecto es privatizar las escuelas de formación, en primera instancia, y después ya escuchamos como el propio Sturzenegger habló de desregular la Marina Mercante, y cuando habla de desregular la Marina Mercante, habla de la derogación de la ley de cabotaje. Abrir las puertas de tu casa para que de cualquier buque de cualquier nacionalidad, con tripulación de cualquier nacionalidad, a surcar tus ríos interiores. Esto no pasa en ningún país desarrollado del mundo.

LCV: Además, no solamente surcar, sino comerciar. O sea, se llevan el producido de nuestras aguas.

—Se llevan el producido de nuestras aguas, de nuestros campos, como hoy pasa, incluso, porque no tenemos barcos argentinos, pero quien quiera hacer cabotaje nacional, tiene que hacerlo con tripulantes argentinos y con buques argentinos. Hoy es, por ley, obligación que eso suceda. Si derogan esa ley, puede venir cualquiera a hacer eso. Eso también implica una pérdida de soberanía, porque hoy, por ejemplo, tenemos un barco navegando de Posadas, bajando toda la producción local de economías regionales y todo, de Posadas a Rosario. Y si esa línea sabemos que no es rentable, hoy esta subsidiada por el Gobierno ¿va a haber un privado? va a ser algo que no es rentable.

LCV: Mantenernos al tanto sobre si van a tomar alguna medida de fuerza o si hay alguna circunstancia en la que podamos ser útiles en la difusión, contá con nosotros.

—Otra cosa que se habló, déjame pasar este aviso, tiene que ver con la necesidad de las renovaciones de las cuotas de pesca. Eso es muy importante también, porque el Consejo Federal Pesquero, el Poder Ejecutivo no lo está renovando y dentro de un mes y cinco días, los buques que pescan merluza van a quedar parados. Porque la intención del Gobierno es licitar esas cuotas de pesca a capitales extranjeras.