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Síntesis informativa semanal

Violencia institucional en tiempos de cuarentena

A los abusos policiales denunciados en la provincia de Chubut, el asesinato de Julio Espinoza en Tucumán, los golpes y detenciones a una familia del barrio Toba en el Chaco, las persecusiones a dirigentes sociales en varias villas de la Capital Federal, se siguen sumando casos que demuestran la falta de respeto a la vida por parte de agentes de seguridad de distintas provincias.

San Luis tuvo dos muertes en comisarías de personas detenidas por violar la cuarentena y que aparecieron ‘suicidadas’ en sus celdas.

Magalí Morales salió el 6 de abril a comprar comida a un negocio cercano. Pensaba volver pronto, le pidió a una vecina que vigilara a sus dos hijos de 11 y 7 años y a su nieta de 2. Se fue en bicicleta pero no volvió. Esa misma noche la encontraron ahorcada en la comisaría de Santa Rosa de Conlara. No está claro en dónde fue detenida. El motivo parece ser que no era el día, por su número de DNI, en el que podía salir. Violación de cuarentena. La policía no tuvo reparos, ella se enojó, terminó detenida. Tres niños, en tanto, esperaban su regreso. Esa noche, encontraron su cuerpo ahorcado en la celda. La versión oficial habla de suicidio con un cordón de su buzo. Nadie cree que eso fuera posible.

El abogado de la familia Morales, Santiago Calderón Salomón, declaró a Telam que desde hace tiempo espera que se resuelva un pedido de recusación planteado contra el juez de la causa, Jorge Pinto, y se autorice una nueva autopsia a cargo del tribunal. A dos meses de la sospechosa muerte de Magalí, hecho que provocó la intervención de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, quien solicitó un informe detallado al ministro de Seguridad, Gobierno y Culto de la provincia, la causa sigue paralizada.

El 24 de abril, Franco Maranguello, un adolescente de 16 años, corrió idéntica suerte en la localidad de Villa Mercedes, también provincia de San Luis. Estaba sentado en el cordón de la vereda en la puerta de su casa junto a un amigo. La policía consideró que estaban violando la cuarentena. Su madre salió a pedirle que no se lo llevaran que ella se ocupaba de mantenerlo adentro. No hubo forma de convencer a los uniformados. Cuando la mamá fue a buscarlo a la comisaría del menor, le informaron que su hijo se había suicidado.

Ambas causas siguen en curso, en el caso de Franco se pidió una segunda autopsia debido a las irregularidades mostradas en todo el procedimiento.

En Rosario, Darío -de quien no se publicó su apellido-, iba en moto a buscar comida para el Centro Comunitario en el que trabajaba y fue atropellado por un patrullero. De acuerdo a las denuncias, notó que una camioneta sin luces lo seguía, no hubo voz de alto, solo escuchó dos disparos al aire y luego fue atropellado bruscamente de atrás golpeando contra una pared. Se trataba de un móvil policial que transitaba fuera de su juridicción. De acuerdo al testimonio recogido por Rosario 3: “En el barrio los vecinos manifestaban absoluta indignación. Según contaron, fueron amenazados por los policías cuando asistían a Darío. Si bien en la zona tiene jurisdicción la 18ª, la camioneta era de la comisaría 21ª. Hasta esta segunda seccional fueron luego del hecho y de que Darío fuera trasladada al Heca. Allí una vecina quiso fotografiar la camioneta en cuestión, que tenía un abollón y perdía agua, pero los uniformados se lo impidieron.”

En este momento, Darío se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con múltiples fracturas.

Sus familiares piden justicia.

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Martín Morales: “Vicentín superó todos los límites”

Luego de cuatro días de paro por la falta de pago de los bonos de fin de año de la cerealera Vincentín, el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria. La medida llegó luego de que dicha conciliación fuera rechazada por el gobierno provincial. Este lunes conversamos con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento de San Lorenzo, Martín Morales, mientras se transitaba por el paro por tiempo indeterminado con manifestaciones en la puerta de la empresa. Una entrevista en la que recordamos los diversos capítulos del conflicto con Vicentín que derivó en un concurso de quiebra. Frente a la retención de los salarios, los trabajadores afirman que ellos no pueden hacerse cargo de las políticas erráticas de la empresa. “Uno termina pensando que se están llevando todo de nuevo”, asegura Morales. “Esta gente ha hecho desaparecer 1.500 millones de dólares de préstamos otorgados por el Banco Nación entre otros”. Los argumentos de la empresa son absurdos, dice que tiene deudas millonarias pero los deudores son empresas que del propio Vicentín y familia. En La Columna Vertebral, hablan los trabajadores. Escuchalos.

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Síntesis informativa semanal

Mariano Vilar: “Quieren privatizar las escuelas de formación, desregular la Marina Mercante y derogar la ley de cabotaje.”

Luego de celebrarse en el Congreso de la Nación el Día de la Marina Mercante, charlamos con Mariano Vilar, Secretario General de SICONARA, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, para conocer la situación que atraviesa el sector y la amenaza de cierres y privatizaciones.

LCV: Los gremios navegantes llevaron a cabo una charla en la Cámara de Diputados en conmemoración al día de la Marina Mercante argentina donde también se realizó una defensa de los institutos de formación. ¿Cómo estuvo ese encuentro?

—Bien, muy bien. Fue un encuentro organizado en conjunto con otros gremios marítimos, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, el Centro de Patrón y Oficiales Fluviales y también estuvo la Asociación de Capitanes y Baquianos, los gremios que estamos nucleados en la Escuela Nacional Fluvial. Estamos defendiendo estos institutos de formación. Es algo que venimos haciendo a raíz de la intención de la Armada de desligarse de los mismos, ya lo vimos con la Escuela Nacional de Pesca. La intención era también visibilizar esta situación para que no vengan por la escuela fluvial, ya lo hicieron por la escuela de pesca, que traten de pensar en otra cosa.

LCV: ¿Podes explicar qué significaría si la desarticularan, la hicieran desaparecer o por ahí un mal menor es cambiarla de jurisdicción? ¿Cuál sería el mal hacia la gente que se beneficia con que ustedes existan?

—La marina mercante es soberanía, lisa y llanamente. Nosotros, los marinos mercantes de Argentina, tienen un litoral marítimo y fluvial muy extenso, casi 5200 kilómetros lineales de litoral marítimo y fluvial, sin contar todo lo que es la Antártida y las islas. Si sumamos esos, son 11000 kilómetros lineales más. Eso no hay posibilidad por parte de la Armada de ninguna fuerza de tener que custodiar. Nosotros lo hacemos explotando y surcando las aguas, cuando navegamos por los mares, cuando navegamos por los ríos. Pensar en la formación de un marino por fuera de la Armada, nosotros entendemos que es un error estratégico, porque somos parte vital no solo en caso de conflicto bélico. Ahora la Armada en la propia página, publicó que terminó la campaña Sociosanitaria Fluvial 2024, que llevaron los buques de la Armada hasta Chaco, Corrientes. Y ahí fue un marino mercante quien hizo llegar a los buques hasta allá. Un baquiano que camina las aguas todo el tiempo, trabaja en esas aguas y hasta ahí llevó los buques de la Armada para llevar respuesta a nuestros compatriotas.

LCV: ¿El proyecto es privatizarlo a manos extranjeras?

—El proyecto es privatizar las escuelas de formación, en primera instancia, y después ya escuchamos como el propio Sturzenegger habló de desregular la Marina Mercante, y cuando habla de desregular la Marina Mercante, habla de la derogación de la ley de cabotaje. Abrir las puertas de tu casa para que de cualquier buque de cualquier nacionalidad, con tripulación de cualquier nacionalidad, a surcar tus ríos interiores. Esto no pasa en ningún país desarrollado del mundo.

LCV: Además, no solamente surcar, sino comerciar. O sea, se llevan el producido de nuestras aguas.

—Se llevan el producido de nuestras aguas, de nuestros campos, como hoy pasa, incluso, porque no tenemos barcos argentinos, pero quien quiera hacer cabotaje nacional, tiene que hacerlo con tripulantes argentinos y con buques argentinos. Hoy es, por ley, obligación que eso suceda. Si derogan esa ley, puede venir cualquiera a hacer eso. Eso también implica una pérdida de soberanía, porque hoy, por ejemplo, tenemos un barco navegando de Posadas, bajando toda la producción local de economías regionales y todo, de Posadas a Rosario. Y si esa línea sabemos que no es rentable, hoy esta subsidiada por el Gobierno ¿va a haber un privado? va a ser algo que no es rentable.

LCV: Mantenernos al tanto sobre si van a tomar alguna medida de fuerza o si hay alguna circunstancia en la que podamos ser útiles en la difusión, contá con nosotros.

—Otra cosa que se habló, déjame pasar este aviso, tiene que ver con la necesidad de las renovaciones de las cuotas de pesca. Eso es muy importante también, porque el Consejo Federal Pesquero, el Poder Ejecutivo no lo está renovando y dentro de un mes y cinco días, los buques que pescan merluza van a quedar parados. Porque la intención del Gobierno es licitar esas cuotas de pesca a capitales extranjeras.

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Alerta y movilización de los trabajadores por posible quiebra de Vicentín

Ante la posibilidad de una presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de parte de la empresa Vicentin SAIC, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD Reconquista), al igual que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA) advierten que tomarán medidas de fuerza para garantizar los puestos de trabajo en la empresa.

Para que se le otorgue un PPC Vicentín debería aportar los elementos económico-financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis que demuestren los estados contables correspondientes a los últimos tres años. Solo con dicha auditoría podría declararse la emergencia y un posible pedido de quiebra.

“No vamos a entrar en un juego político, nuestra posición es defender a los trabajadores y su salario», sostuvo el secretario General del SOEA, Daniel Succi, y agregó: “el sindicato no es parte de ninguna negociación,vamos a tomar acciones cuando se perjudique el salario, los beneficios o el puesto de los trabajadores Aceiteros». En ese caso, los aceiteros de San Lorenzo están dispuestos a paralizar los 17 puertos que funcionan en el Cordón industrial de Rosario. Un posible cierre de Vicentín afectaría a 1200 empleados directos, además de los 5.000 puestos de trabajo indirectos que genera en la región.

Por su parte, el Sindicatoto de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD Reconquista) difundió en la noche del viernes un comunicado en el que dicen: “No vamos a permitir ninguna reducción salarial, ningún cambio del Convenio Colectivo de Trabajo, ningún despido ni suspensión.Señalamos que tampoco la propuesta concursal que acercó Vicentin con los interesados estratégicos Bunge, Viterra y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) tienen soluciones para los trabajadores, ya que no garantiza la continuidad de lo que denominan el Nodo Norte, ni presenta un plan estratégico real para el futuro de la empresa y los puestos de trabajo.”

Desde SOEAD Reconquista consideran “insólito, sino ilegal”, que Vicentín pretenda a través de un Procedimiento Preventivo de Crisis incumplir con sus obligaciones como empleador. Asimismo, responsabilizan de la crisis a la empresa, por lo cual los trabajadores no tienen porque pagar el precio de su mal manejo.

El comunicado finaliza diciendo que “SOEAD Reconquista tomará todas las acciones y medidas gremiales que resulten necesarias para la defensa de los puestos de trabajo, del salario y de todos los derechos de las y los trabajadores de Vicentin, por decisión de su conducción y por el mandato de las bases que así lo han votado en asamblea en el día de la fecha.”

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