Este martes, el Concejo Deliberante de la principal ciudad del Valle Inferior del Río Chubut derogó declaración de interés municipal para la radicación de empresas de servicios mineros que estaba vigente desde 2012. De esta forma, se opuso a la instalación de la megaminería que quiere imponer el gobernador Arcioni en una tensa semana en la que la sospecha de coimas a los miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de Chubut va en aumento.

El Partido Municipal por Trelew había presentado el proyecto en febrero de este año y esta semana fue aprobado por unanimidad.

No fueron los únicos. Ese mismo día, el Concejo deliberante de Gaiman, otra localidad del Valle Inferior al Río Chubut, aprobó una declaración que rechaza en todos sus términos al proyecto de zonificación minera enviado por el gobernador Mariano Arcioni a la legislatura provincial. Igual postura había tomado los concejales de 28 de Julio dos semanas atrás.

Por otro lado, desde Esquel, ciudad señera en la lucha en contra la megaminería y la preservarción ambiental, esta semana le hicieron llegar una carta al Presidente de la Nación explicando las razones del rechazo del pueblo de Chubut a ese tipo de explotación minera.

Aquí el texto completo:

Esquel, 10 de Diciembre de 2020
Sr. Presidente de la Nación
Dr. Alberto Fernández
De nuestra consideración:

Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina, tomamos contacto con Ud. por segunda vez. La anterior fue en 2019 cuando pusimos en sus manos el Manual sobre Megaminería. Agradecemos esta vez a nuestro compañero Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, el acercarle la presente.
Es motivo de la misma solicitarle el cese del impulso de su gobierno a la
habilitación de dicha actividad extractiva en nuestra provincia.

Parece conveniente recordar algunos impactos de la megaminería:
– consumo de ingentes volúmenes de agua, secado de zonas circundantes,
contaminación inevitable, por drenajes ácidos de mina y por filtraciones de
los residuos masivos resultantes, ya sea desde diques de cola o
escombreras;

– atropello a las comunidades afectadas (violando el acuerdo de Escazú), y
especialmente a las comunidades originarias pobladoras de nuestra Meseta
(violando el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre
e informada);

– corrupción de las instituciones estatales por el poder de las corporaciones
mineras, ya verificada en todas las localidades de la provincia;

– afecciones a la salud en poblaciones cercanas a los proyectos, falseando las estadísticas provinciales de Catamarca, San juan y Santa Cruz, a través de derivaciones de pacientes a otras provincias;

– deterioro social, económico y cultural de las comunidades afectadas,
verificado en las provincias mencionadas: promesas de empleo y desarrollo
incumplidas, alza abrupta de precios en general y de la tierra en particular,
aumento de redes de trata y prostitución;

– destrucción de miles de puestos de trabajo de actividades verdaderamente
sustentables, a través de la contaminación de suelos y aguas;

– carácter de saqueo al patrimonio nacional y provinciales, en base a
escandalosas ventajas económicas y exenciones tributarias establecidas en
el Código de Minería y otras normativas a partir de los años ’90 a favor de
las corporaciones transnacionales.

Como integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut
hemos presentado este año un nuevo proyecto de ley por Iniciativa Popular para limitar los alcances de la actividad, acompañado de 30.916 firmas, más del doble de las necesarias, superando las dificultades propias del contexto de pandemia. Hoy en estado parlamentario, guardamos la expectativa de un pronto tratamiento y aprobación.

En contraposición, el gobernador Arcioni ha presentado un proyecto de
Zonificación (habilitación) minera, elaborado junto al secretario de minería Alberto Hensel a espaldas de la población, generando una más que previsible ola de movilizaciones y rechazos en todo el territorio, obligándonos a salir a defender el agua, el territorio y el futuro de nuestros hijos, en un contexto de riesgo marcado por la pandemia. Como respuesta se produjeron atropellos policiales, detenciones indebidas y un nuevo y preocupante protocolo de uso de armas de fuego para la policía provincial.
Consideramos que semejante violencia institucional, política y económica
debe terminar. Y veríamos con agrado que el gobierno nacional que Ud. preside no sume respaldo ni su silencio ante las mismas.

Entendemos además que la aguda asfixia económica que sufre nuestra
provincia ya por tres años – retraso de dos y tres meses de sueldos y de pago a proveedores, con la consecuente disminución de la actividad económica general-, sumada a la crisis nacional desatada en los últimos años, son parte del escenario creado adrede a fin de presentar la megaminería como una supuesta solución. Una práctica de gobierno que, tristemente, no ha distinguido colores políticos.

La población de Chubut ya ha decidido que no acepta el modelo minero -ni sus engaños, estafas, destrucción y contaminación-, y llevamos 18 años de un arduo trabajo de análisis, debates, recopilación y difusión de conocimientos así como de asambleas, marchas, encuentros de productores, entre muchas otras acciones ciudadanas junto a las dos iniciativas populares presentadas, todos ellos instrumentos propios del Estado
de Derecho y la vida en Democracia.

No podemos aceptar que desde el Estado se siga desoyendo el clamor clarísimo de la población en rechazo a la megaminería. Y mucho menos que se apliquen métodos de represión y criminalización, violentando una y otra vez a un pueblo ya tan vulnerado. Consideramos que el poder político debe representar efectivamente la voluntad popular, y no los intereses de las corporaciones que implican saqueo y destrucción.

Por todo lo expuesto, solicitamos a Ud. que instruya al secretario Alberto Hensel y el ministro Juan Cabandié se abstengan de continuar impulsando la habilitación de la minería metalífera a gran escala en el territorio de nuestra provincia y respeten la voluntad popular.

Debemos comunicarle que el actual proyecto oficial elaborado por el secretario Hensel y el gobernador Arcioni ha recibido un rechazo contundente en más de 40 declaraciones de asociaciones de científicos e investigadores, docentes universitarios de diversas casas de estudio, de congregaciones cristianas y de los obispos católicos, profesionales de distintas actividades e incluso la denuncia por parte de un investigador
del Conicet sobre la tergiversación de un estudio sobre índices de calidad de vida, entre cuyas conclusiones se señala a la minería como un factor negativo para la calidad de vida de las poblaciones, incluso en el aspecto económico.

Sabemos también que el proyecto de Arcioni-Hensel es sólo el disparador de la habilitación de explotaciones en todo el territorio provincial, cuyos yacimientos se siguen ofreciendo en encuentros internacionales de minería, incluyendo el ubicado en cercanías de nuestra ciudad, desconociendo nuestro Plebiscito de 2003.
Es conveniente señalar que los supuestos “controles participativos”, “controles comunitarios”, o las prácticas de “minería sustentable y sostenible” -a los que ha hecho mención recientemente el ministro Cabandié, como otros funcionarios en estos años- son propuestas irreales, slogans de propaganda minera, desmentidos con claridad en las
experiencias de Jáchal, San Rafael, San Antonio Oeste y otras poblaciones que sufren la acción actual o pasada de corporaciones extractivas en las provincias ya mencionadas, y de las cuales existe ya abundante documentación.

Por lo tanto, debe quedar claro que no estamos solicitando reuniones ni
participación en ninguna clase de instancia de aval propios de procesos de validación con las que desde las entidades internacionales se busca dar una imagen de aceptación de la actividad.

En cambio, invitamos a Ud. y a sus funcionarios a actualizar sus bases de
información respecto a matrices productivas verdaderamente sustentables, a consultar la abundante bibliografía que trata los impactos de la minería a gran escala, y también a evitar la imposición de decisiones a las provincias desde una mirada centralista, incompatible con el carácter federal de nuestra Constitución, y cortoplacista, desconocedora del contexto de cambio climático mundial y de los perjuicios ambientales ya verificables y en aumento para las jóvenes generaciones actuales y futuras.

Sin más, y en el deseo de ver atendidas nuestras solicitudes, saludamos a Ud.

Atte.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina
– Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut –