Ambiente
Uruguay siglo XXI: Incendios y plantaciones forestales

Informe especial de Laura Giussani Constenla, desde Colonia
“El fuego devoró todo a su alrededor, cientos y cientos de hectáreas de forestación y campos de otras producciones. El día 30, en dos horas la masa de fuego avanzó 24 kilómetros (es la velocidad de un maratonista). Las chispas volaban como lanzas encendidas hasta cinco kilómetros del lugar donde estaba el fuego”. Así contó el periodista uruguayo Víctor Bacchetta su experiencia frente al fuego en Paysandú. Especializado en cuestiones ambientales, Bacchetta sostuvo que “las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”.
El inicio del año 2022 sorprendió a Uruguay con una serie de incendios en Salto, Paysandú, Río Negro y Canelones. Con 22.000 hectáreas quemadas en un par de semanas se considera la peor devastación forestal de la historia del país. Por la gravedad de la situación cuatro ministros de la Nación deberán asistir a la Comisión Permanente del Parlamento el miércoles 19 de enero para informar sobre los recientes incendios forestales, de los cuales todavía se investiga el origen. Hasta ayer, los bomberos debían combatir un centenar de incendios en distintos puntos del país. La sequía y las altísimas temperaturas estarán seguramente entre las causas.
Más allá de la anécdota sobre cómo se provocó cada foco, conviene remontarse a los orígenes de una política que alentó las plantaciones de eucaliptus y pinos en detrimento de la tradicional economía agrícola de pastoreo y alimentos. Conviene recordar que las ‘plantaciones’ no son bosques. Más bien todo lo contrario. Son árboles transgénicos cuyo único fin es comercial: materia prima de pasta de celulosa o aserrín. Nada aportan a la biodiversidad. Más bien todo lo contrario. Tierra arrasada por el uso de herbicidas químicos que permiten que se planten en filas.

Según un estudio realizado en el año 2000 por Carlos Pérez Arrarte (Ingeniero Agrónomo, Director Docente de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay, e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay) el impacto ambiental no ha sido medido con seriedad aunque puede afirmarse que: “Desde la perspectiva de la biodiversidad, este proceso es equivalente a la deforestación de la Amazonia para expandir la frontera de la ganadería tropical, pero de sentido inverso: destruimos un sistema natural (la pradera pampeana) y sus múltiples servicios ambientales asociados, para la producción de árboles cultivados bajo un régimen agrícola propio de la revolución verde. Por otra parte, durante tres siglos esa pradera ha sido la base de un sistema productivo sustentable -la ganadería extensiva- sobre el que se estructuró la economía y la sociedad uruguaya. Las plantaciones comerciales eliminan en el período comprendido por los turnos -20 a 30 años- la vegetación original y su fauna asociada, estableciendo la interrogante de cuál es la reversibilidad futura de esta opción. Las diferencias entre un sistema vegetal monoespecífico compuesto por árboles coetáneos, vis a vis una pradera multiespecie integrada en forma dominante por especies herbáceas de más de 80 familias, son notables, incluyendo la biodiversidad, los suelos, el ciclo del agua, y de la atmósfera asociada.
Para leer el informe completo de Carlos Pérez Arrarte : tries/903-impacto-de-las-plantaciones-forestales-en-uruguay
Un modelo. Una política de Estado.
El crecimiento de estas ‘granjas forestales’ o ‘árboles domesticados’ no fue un fenómeno espontáneo, se trató de una política de Estado que inició en los años 90 y permitió que se pasara de 186.000 hectáreas forestadas en 1990 a 1.150.000 en la actualidad.
Todo empezó en 1987 con la sanción de una ley de promoción forestal que otorgaba los siguientes beneficios para quienes se dedicaran a esa actividad. Entre ellos: exoneración de 12 años de pagar los principales impuestos de cualquier actividad agropecuaria corriente; tampoco debían pagar impuestos de importación de bienes de capital e insumos; subsidios directos a las plantaciones por un monto del 50% del proyecto presentado; permiso de utilizar la figura jurídica de la sociedad anónima, que no estaba permitida en el ámbito del sector agropecuario; líneas de créditos del Banco de la República de largo plazo (12 a 15 años) y con períodos de gracia hasta la cosecha para los intereses; reducción de un tercio en la tarifa portuaria para el movimiento de maderas en relación a otros bienes.
Gracias a éstas dádivas desembarcaron en el pequeño país del sur decenas de empresas del norte. Noruega, Finlandia y Suecia mostraron especial interés en instalar sus fábricas de árboles en Uruguay.
De acuerdo a un artículo de Daniel Roselli en El Eco: “En 2007 se eliminaron los beneficios, pero se trasladaron a la producción en zonas francas. Las empresas de la cadena forestal-celulósica se convirtieron así en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a las plantas de celulosa. Al producir y exportar desde zonas francas libres de impuestos, UPM y Montes del Plata pueden adquirir tierras y pagar arrendamientos superiores a los de la ganadería y la agricultura. La forestación se expandió entonces fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no está prohibido plantar. Un 29% de las plantaciones ocupan hoy tierras aptas para otros cultivos, que no era la finalidad de la ley de 1987.”

Hace una década, el Ingeniero Pérez Arrerte advertía: “Después de 11 años de ejecución del Programa Forestal y de numerosos llamados de atención por investigadores independientes y organizaciones universitarias y no gubernamentales, ni el Banco ni el Gobierno han alentado un estudio significativo sobre los impactos globales de la forestación en los recursos naturales del país, y de los posibles impactos cruzados de unos proyectos sobre otras actividades que son de interés público y de los bancos multilaterales: abastecimiento de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable a centros urbanos, desarrollo del cultivo de arroz irrigado, impactos sobre la ganadería y otras actividades agrícolas por el incremento del precio de la tierra, utilización antieconómica de infraestructuras viales y portuarias, riesgos de grandes incendios, entre otros.”
Este año, los temidos ‘grandes incendios’ llegaron con fuerza brutal. Uno de ellos en la forestal Montes del Plata de Fray Bentos que vio arder en un par de días 1.300 hectáreas de ecucaliptus destinados a la pasta de celulosa. “Las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”, sostuvo Víctor Bacchetta.
Reglas de excepción en Colonia
Mientras las autoridades intentaban descubrir quién encendió la mecha en cada incendio, sin considerar que la principal chispa fue la que desató un monumental descalabro ambiental en el continente con un plan similar en distintos países y regiones iniciado en los años noventa, en Colonia las empresas forestales obtenían un premio excepcional.
El 10 de enero, la Junta Departamental de Colonia votaba a favor de una ‘excepción’ que le otorgaba prioridad forestal a un predio cercano a Ombúes de Lavalle. Un peligroso antecedente que abre la puerta a los reiterados pedidos de la empresa Montes del Plata, protagonista de uno de los principales estragos forestales.
La excepción otorgada a un establecimiento subsidiario de Montes del Plata, fue aprobada con la mayoría de los votos del Partido Nacional, con la oposición del Frente Amplio y el Partido Colorado. Entrevistado por el semanario local El Eco, el edil departamental del FA, Ismael Perrachón, indicó que esto significa abrir las puertas a otros proyectos por vía de excepción y recordó que uno de los perjuicios de la forestación, “es que su follaje se queda con el 20 por ciento del agua de lluvia. El 20 por ciento del agua no llega al suelo y eso causa estragos en el suelo, en el resto de las producciones”.
A pesar de la defensa a ultranza de los gobiernos del Frente Amplio a este modelo de forestación con todos los riesgos que conllevaba, el decreto de excepción provocó una dura crítica, que incluyó una autocrítica, de la bancada de ediles del Frente Amplio colonienses quienes se solidarizaron con las víctimas de los incendios y agregaron: “la situación de angustia y desesperación que tuvieron que enfrentar no son de causa fortuita, responden al afán de lucro desmedido de las empresas forestales y a la ausencia de regulación por parte del Estado en los últimos 30 años” . Hoy en la oposición, el FA resalta algunos errores de su gestión: “Reconocemos que en los gobiernos del Frente Amplio no se tomaron las medidas suficientes para obligar a las empresas a evitar y prevenir los riesgos que corrió la población de la zona. Sin embargo, destacamos la capacidad de autocrítica de nuestra fuerza política, que antes de fin de año votó por unanimidad de sus parlamentarios, una ley que limitaba el avance desenfrenado de las plantaciones forestales en defensa de los productores y productoras familiares”.
Dicha declaración hace referencia a la defensa acérrima de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica a la instalación de empresas como Botnia que provocaron una complicación diplomática con Argentina y generó uno de los mayores movimientos ambientalistas de la región con sede en Gualeguaychú, frente a las costas de Fray Bentos. Curiosamente, dicha Asamblea tuvo como promotoras a dos militantes del Frente Amplio de la vecina ciudad uruguaya quienes cruzaron el puente en busca de apoyo de la población de Gualeguaychú, entre ellas la profesora y edil del Frente Amplio, Delia Villalba, y la Dra fraybentina Julia Coccaro.
Una herida en el Frente Amplio
La política a favor de la forestación y la instalación de Botnia provocó un terremoto silencioso dentro del partido del Pepe Mujica. Tan es así que, a pesar de un clima represivo que incluía pinzas policiales y helicópteros militares sobrevolando la región, el 7 de octubre de 2007 se fundó en Nueva Palmira una Asamblea Regional cuyo comunicado de prensa decía:
“Hoy, en Nueva Palmira, ciudad-puerto que será el punto de partida de la pasta de celulosa uruguaya hacia el mundo, ha quedado instaurada, por aclamación, la Asamblea Regional. Convocada por treinta organizaciones sociales de la región, en la reunión estuvieron presentes delegaciones de Montevideo y de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Maldonado y Rocha. También de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Debemos subrayar la valiosa presencia de una delegada del Movimiento Sin Tierra del Brasil (MST). Más de 400 personas han tenido voz y voto y compartido un histórico espacio de libertad y deliberación. Pequeños productores, apicultores, técnicos, luchadores sociales, trabajadores desocupados, trabajadores de la forestación, vecinos de la ciudad. Voces habitualmente desoídas por nuestros gobernantes y los medios de comunicación. Movidos por la certeza de que solamente a partir de la unión y la hermandad lograremos fortalecer nuestra lucha, consideramos que ha llegado el momento de que comiencen a oírnos.”

Botnia no era el único reclamo. Criticaban también la forestación del llamado ‘desierto verde’, las plantaciones de soja y transgénicos, al igual que las mineras, las industrias contaminantes y la condición de vida de los trabajadores, entre otras cosas. Para finalizar diciendo:
“Porque todo nos une: la historia, la cultura, los pueblos originarios y la lucha que durante años llevaron adelante Artigas, San Martín y Andrés Guaçurarí por la emancipación de nuestros pueblos. Lazos e historia que gobierno o interés económico alguno lograrán destruir.
Por eso los convocamos a sumarse a esta Asamblea Regional que desconoce fronteras. Porque vendrán otros y otros pasos, cada vez más firmes, cada vez más vigorosos.”
Comunicado completo: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Asamblea-Regional-Argentina-Uruguay-documento-final-sobre-la-primera-reunion-en-Nueva-Palmira
Así se expresaban decenas de organizaciones del litoral en aquel 2007. La Asamblea Regional funcionó un par de años, pero dejó constancia de la unidad de los pueblos y el disgusto por determinadas políticas, aún aquellas llevadas adelante por gobiernos caracterizados como ‘progresistas’. En los años sucesivos se consolidaron las Asambleas Ciudadanas de la UAC.
Quince años después de aquellas movidas se alza en Colonia una tibia autocrítica que apunta a la falta de controles más que al modelo en sí mismo. No es poco, tampoco es mucho.
La Columna Vertebral charló con Daniel Roselli, codirector de El Eco, quien fue en ese momento el moderador de la Asamblea Regional, un acontecimiento histórico para Nueva Palmira, con el lleno total del Club Palmirense. “Parece que empiezan a darles la razón?”, preguntamos. “Sí, tal cual, ahora empiezan a ver lo que planteábamos nosotros. Algunos frenteamplistas dicen ‘ahora porque no están en el poder’, y sí, también es cierto. Aunque hay que reconocer que en Colonia, sobre todo los ediles del departamento de Colonia de Sacramento siempre tuvieron una mirada crítica sobre la forestación. Eso es bueno reconocerlo.”, señaló Roselli.
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Luego de conocerse el decreto de excepción se conoció un comunicado de prensa de la Ecoasamblea de Colonia titulado: “Con barbijo pero sin mordaza. Montes del Plata avanza sobre nuestro territorio”, en el que afirman:
“Somos una Organización Social de pobladores de Colonia unidos con la finalidad de visibilizar los problemas socio-ambientales que afectan directa o indirectamente a la vida cotidiana de las personas de nuestro Departamento, así como también luchar para que estos se reduzcan. La forestación es uno de los temas que nos ocupa visto la gran expansión que ha tenido en Colonia gracias a las excepciones para las plantaciones forestales en zonas no permitidas.(…) Ecoasamblea Colonia fue convocada a fines del 2019 por parte de la bancada del Frente Amplio para elaborar un informe técnico sobre los pedidos de excepcionalidad. El mismo fue realizado por parte de profesionales en diferentes materias (sociología, biología, agronomía), pero que nunca se presentó frente a la Junta ya que no fuimos convocados, como se había comprometido.(…) A través de este comunicado no solo queremos informar sobre esta situación sino también sobre las posibles consecuencias de una expansión de la forestación comercial, las cuales ya se han comprobado en nuestro país, como son el daño a la tierra, la escasez y contaminación del agua, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, desaparición de productores rurales, destrozos de rutas y construcciones antiguas, y el riesgo de incendios.”

Ambiente
Laura Romero, de Vecinos Ciudad Jardín: “Queremos preservar la esencia histórica de Ciudad Jardín que Valenzuela quiere modificar”

Laura Romero, referente vecinal de Ciudad Jardín, expone las preocupaciones y demandas de los vecinos frente al anteproyecto impulsado por el intendente Diego Valenzuela. Romero detalla cómo la propuesta pone en riesgo la identidad y la preservación de esta histórica zona, declarada como área protegida, que es la única Ciudad Jardín en Latinoamérica. A lo largo de la nota, se abordan los posibles impactos del proyecto en el entorno urbano y natural, así como la lucha de los vecinos para preservar el legado cultural y la calidad de vida en el barrio. Además, comparte las dificultades que han enfrentado para ser escuchados en el proceso de participación pública.
LCV: ¿Cuáles son los problemas que está teniendo con el intendente Diego Valenzuela y cuáles son las demandas de ustedes?
Laura Romero:
“Nosotros nos enteramos a mediados de enero que durante diciembre se había enviado un anteproyecto. Se había citado una audiencia pública, pero en un tiempo difícil, el mes de diciembre, es complejo para todos los vecinos. Bueno, nos enteramos a mediados de enero de este anteproyecto, de lo que es el territorio que hoy ocupa el Comando de Patrullas, que es lo que antes era COA, que era la empresa de agua y de cloacas de Ciudad Jardín. Como vos bien dijiste, Alicia es una de las impulsoras, junto con la gente de Patrimonio, de lo que fue la declaración de Ciudad Jardín como un área protegida, porque es un área histórica. Es la única Ciudad Jardín en todo Latinoamérica, es una copia, es una idea que se toma de las ciudades jardín de Inglaterra y, bueno, se impulsó con esa idea.
Entonces, ese predio son 6.500 m² y es lo que conforma el centro cívico y polo cultural, es como un casco histórico de la ciudad, tal cual.
Entonces, de alguna manera empezamos a decir que esto no queríamos que sucediera por una cuestión: primero, ¿cuál era la idea del proyecto? Viviendas, modificar todo lo que sería el código urbano de toda esa manzana, no solo de la parcela. La parcela es la 19C, que es una parcela indivisa, así figura en catastro, con lo cual afectaría, si bien ellos dicen que no, el intendente dice que no, podría afectar en el futuro a todas las instituciones, porque no está dividida, no está parcelada. Bueno, la verdad es que es un riesgo. Y por otro lado, el tema que nosotros queremos mantener y preservar lo que es la identidad.
Esto, la verdad, fue así entre gallos y medianoches. Fue llevado, enviado, se citó una audiencia pública que nunca nos enteramos. Presionamos y ya tuvimos tres situaciones, tres instancias de cambio de fecha de audiencia pública. De hecho, en este momento, muchos de los vecinos que tenemos la audiencia pública no están recibiendo el link, porque es una audiencia que se va a realizar de forma virtual.”
LCV: Para hacer gráfico, ¿esto modificaría la forma? ¿Modificaría la esencia? ¿Qué es lo que modificaría este proyecto, concretamente, más allá del modo de vida, hablo arquitectónicamente?
Laura Romero:
“Exacto. Ciudad Jardín, como te dije, es un área protegida, declarada área protegida, y lo que se pretende con el anteproyecto es modificar toda la manzana 23B, que es toda la manzana que comprende las instituciones. Toda la manzana, o sea, calle Finca Matienzo. Eso significa que la modificación podría modificar el sistema de construcción. Nosotros tenemos una construcción bastante característica en Ciudad Jardín. Está bastante preservada, justamente al ser declarada área protegida.
El tema es que, al modificarse toda la manzana, llevarse las edificaciones a 9 metros, eso puede modificar todo. No se modificaría Ciudad Jardín en sí, sino la manzana, que es una manzana de 22.000 metros cuadrados.”
LCV: Claro, es importante. Pero, además, digo en términos de servicio, si no está preparado todo…
Laura Romero:
“Bueno, digamos, 100 viviendas más, son 200 autos más en esta zona, que es bastante compleja ya para estacionar. ¿Viste cómo son las calles de Ciudad Jardín? Son muy características. Bueno, ahora estaban planteando también modificar el ancho de la avenida Finca, con lo cual robarían, quitarían árboles.
Entonces, la idea es que nosotros estamos pidiendo, como vecinos, que en ese predio se preserve el pulmón de manzana y se genere un espacio de conexión, un parque. El Parque Finca ya tiene nombre, el Parque Finca, como para tener un espacio de recreación, no de contacto de los vecinos, y mantener lo que es la idiosincrasia y la identidad de Ciudad Jardín desde tiempos memorables. O sea, desde que fue fundada, Ciudad Jardín acaba de cumplir 81 años y fue pensada. No es una ciudad que se hizo a medida que se fue poblando, no fue pensada.
Precisa de cómo diagramar, de hacer una ciudad autosuficiente, sustentable, que hoy en el mundo es una idea que está muy vigente. O sea, se está tratando de volver a esa idea de una ciudad donde esté claramente diferenciado lo urbanístico, pero también en contacto con la naturaleza. Y es lo que nosotros estamos pidiendo.”
LCV: ¿Cuál es el próximo paso que van a dar ustedes?
Laura Romero:
“Nosotros ahora estamos en la espera de los mails para la audiencia pública, que es el día 6. La verdad, esto que te comentaba antes, la manera en que lo están enviando, la mayoría de los vecinos oradores, que son los históricos de Ciudad Jardín, que conocen profundamente la problemática, no están recibiendo los mails. Así que estamos trabajando sobre eso hoy. Nos mandaron mal el primer mail, hubo rectificaciones, todo esto el sábado, así que imagínate cómo estamos trabajando sobre eso para que realmente sea transparente, los vecinos puedan expresarse y ser escuchados, porque la idea es que nos escuchen.”
Ambiente
Progreso y litio ¿el fin de un sueño? Entrevista a Patricia Agosto de Be.Pe

Esta semana se conoció la noticia de que la minera china Zijin-Liex en Fiambalá, Catamarca, enfrenta deudas insostenibles, hubo despidos y paralizó su planta de procesamiento. Además fue acusada de maltrato laboral y de género. “Todo llegó de repente y de repente ahora nos topamos como que fue un mal sueño”, declaró una vecina. Una pesadilla que destruyó las fuentes de trabajo locales, tanto turísticas como agropecuarias que provocó manifestaciones en la puerta de la planta a finales de octubre.
Zijing es uno de los principales gigantes mineros del mundo, también en oro y cobre. En Fiambalá se incorporó a un proyecto de Litio que viene teniendo problemas hace rato.
Ya en noviembre de 2022, a partir de diversas denuncias y notas en medios locales, el fiscal federal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez (con jurisdicción sobre esa provincia, Catamarca y La Rioja) realizó un estudio a pedido del fiscal federal de primera instancia de Catamarca, Santos Reynoso, en la que destacó la existencia de ‘serias irregularidades en el manejo de residuos químicos y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene en la planta de procesamiento’. Hizo también mención a “condiciones de explotación y precariedad” de los trabajadores e “irregularidades en materia de seguridad” y agregó que la Asamblea Fiambalá Despierta había denunciado “contaminación de agua y avasallamientos de los derechos de trabajadores y habitantes de la región”.
Tres meses después de ese relevamiento, en enero de este año, los trabajadores de Liex Zijin SA, subsidiaria local de la minera china Zijing Mining, denunciaron incumplimiento del régimen laboral, exceso de horas de trabajo y malos tratos por parte de la empresa. Por ese motivo fueron despedidos 9 trabajadores. Diez meses después, la historia se repite pero más complicada.
Llegamos a octubre con una deuda de 150 millones de pesos y más despidos y denuncias.
Consultamos a la historiadora y educadora popular de Pañuelos en Rebeldía, Patricia Agosto, quien también es miembro de la ONG Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, una organización que tiene 40 años de existencia dedicada a trabajar con la economía social y temas relacionados con el extractivismo.
LCV: ¿Qué relación tiene una empresa minera como Zijin con la población de Fiambalá ?
– Los chinos tienen una manera muy particular de insertarse en los territorios. No son igual que cualquier corporación del extractivismo ni del agronegocio. Tienen una manera particular que nosotras definimos en nuestra investigación como de una ‘invasión cultural’ y de una injerencia política muy clara.
Primero, resuelve todos los problemas que tenga la comunidad, porque hay una delegación de parte del Estado, el municipal, el provincial, a que esas cuestiones, esas problemáticas sociales las resuelva la empresa. Después, hay una injerencia que tiene que ver con lo cultural, porque se enseña chino, porque se festeja el Año Nuevo chino, digo, tiene una manera diferente de insertarse en el territorio. Entonces, todo ese proceso ya lo vivieron, ya están terminandoo construcción de la planta, aunque hay una parálisis. Estuvimos en la puerta de la empresa, porque no te dejan entrar, hace 15 días aproximadamente. La empresa está construida, o sea, la planta de procesamiento que está en las afueras de la ciudad está prácticamente terminada. Hay un parate que tiene que ver con muchas cosas: fundamental, el derrumbe del precio del litio a nivel internacional, que ahora este año dio 80% menos de lo que era hace dos años atrás el precio del litio en el mercado mundial. Porque hay exceso de litio, porque claro, todas las potencias del Norte Global se empezaron a desesperar para obtener litio y entonces lo que hay en realidad es tremenda cantidad. No hay tanta demanda como oferta. Esto claramente hizo derrumbar el precio.
Por otro lado, también muchas empresas contratistas, al hacer un parate, en la terminación de la construcción, muchas empresas contratistas ya no están contratadas por Zijin, razón por la cual esto trae como colación todo esto que decía de la disminución de empleo, la ola de despidos. Pero creo que tiene que ver con esa lógica. La empresa ya está instalada, la empresa prometió incluso salarios mucho más elevados, que de hecho lo son, porque la verdad que la mayor parte de la población catamarqueña depende del empleo público y no son enormes, son bastante pequeños los salarios. Entonces, lo que se gana en una minera es mucho, a lo mejor son 400 o 500 mil pesos que nadie gana en Catamarca.
LCV: Tampoco estamos hablando de tanto.
—No estamos hablando de tanto, pero frente a lo que puede ganar un empleado público, quizás más ahora, quizás estoy diciendo cifras que no son actuales. Pero igual, ponele un millón de pesos, no importa, lo que digo es que nadie gana un millón de pesos en Catamarca. Entonces, hay como una atracción hacia ese tipo de empleos. Ahora, lo que pasa con la minería es esto: hay mucho empleo, relativamente, en la construcción de la planta y después lo que ocurre es que la planta se terminó de construir, se deja de contratar mano de obra local y frena la ocupación. El empleo está en manos de chinos y chinas, porque esto se ve muchísimo en Fiambalá.
LCV- Cuándo llegó Zijing a Catamarca?
—La empresa fue comprada por China no hace tanto. El proyecto original de Tres Quebradas, que es el proyecto este de Fiambalá, en realidad estaba en manos de Neo Lithium, que era una empresa canadiense con una subsidiaria que es Liex S.A, que es la misma que hoy es subsidiaria de Sinomach, de la China. Desde el 2016 están en Fiambalá con el proyecto. Fueron poco a poco, vos sabés cómo son estas cuestiones de la minería, primero la exploración, prefactibilidad, etcétera. Y en diciembre del 2021 se hace la audiencia pública a través de la cual se aprobó la fase de explotación de este proyecto de litio.
Nosotras tuvimos la posibilidad de estar en esa audiencia que fue absolutamente monocorde, solo se escuchaban voces favorables a la empresa. En esta audiencia pública, en la que poco tuvo que ver con que se escuchen todas las voces, fue la que dió su ‘aprobación’ al proyecto. A partir de esa audiencia se aprueba la fase de explotación y en enero del 2022 la compra Sinomach, la empresa china. O sea, la condición que se puso para comprar la empresa era que tuviera aprobada en esa audiencia pública la fase de explotación. Entonces, a partir de ese proceso, un proceso largo, se empieza a construir la planta.
No me sorprende nada de lo que pasa con Sinomach. Vivo en una provincia como Catamarca, que es el laboratorio de la megaminería a cielo abierto con el tema de La Alumbrera desde el ‘97. No sorprenden las cosas que ocurren, porque suele ocurrir esto mismo que está pasando. Es decir, la empresa se muestra relativamente amigable, en territorio, resolviendo problemas de la población local, prometiendo empleo directo e indirecto con los proveedores, etcétera. Y la verdad, con un discurso que tiene que ver con “la minería es igual a desarrollo”. Por supuesto, este discurso no es solo empresarial, sino que también es político. Entonces, nosotras hablamos claramente de una alianza estratégica entre el Estado y las empresas para instalarse.
LCV: ¿Quiénes ostentan el Estado en Catamarca? En todo caso, ¿Esto es transversal, el tema del negocio con las mineras, a todas las fuerzas políticas locales o alguna fuerza se enfrenta?
—Hace muchísimos años que en Catamarca gobierna el Partido Justicialista, es decir, ahora gobierna Raúl Jalil. Él se presentó por el Frente de Todos.
LCV: Pero ahora Jalil no está con el Frente de Todos.
—No está porque se acomoda. Viene acompañando las medidas de Milei. Y sinceramente, si vos me preguntás si hay alguna fuerza política en Catamarca que se oponga, te podría decir que desde la palabra quizás algunas, pero primero, hace muchos años que gobierna el Partido Justicialista. Entonces, es difícil saber qué harían, pero los radicales en su momento, que también estuvieron hace muchos años tampoco han sido, siendo gobierno, una voz muy opositora a la minería. Además, sumale a todo esto todo el discurso de la transición energética.
En el caso del litio, es considerado un “mineral estratégico” para las energías limpias, para la supuesta transición energética, que es absolutamente necesaria para reemplazar, digamos, los combustibles fósiles. Pero bueno, nosotros tenemos un debate enorme con ese concepto de la transición energética, porque lo primero que tenemos que pensar es para quién es esa energía, para qué es esa energía, desde dónde se está proponiendo esa transición.
LCV: No hay una mirada social, obviamente, en esa transición energética social.
—Y es muy colonial, si querés, Nora. Porque la realidad es que el Norte Global, lo que hoy llamamos el Norte Global, el Primer Mundo en otro momento, en realidad es una propuesta de transición para ese mundo. Entonces es como que “recuperamos”, revivimos toda la política de la concepción colonial del vínculo entre los países del Sur Global y el Norte Global, diríamos hoy. Porque, ¿qué rol tiene Catamarca o la Argentina en esta propuesta de transición energética? Bueno, proveer los bienes comunes, diríamos, o sea, el litio o el cobre, con la misma lógica colonial de toda la historia, de toda nuestra historia, ¿no?
LCV: Absolutamente, una lógica colonial, en donde además no nos extraña entonces la violencia de género, que los trabajadores sean rehenes de los problemas económicos de las empresas y demás.
—Total. Yo, mirá, lo que te agregaría es que es una lógica, una estrategia que es muy común de cualquier empresa. Es decir, te lo vamos a decir vulgarmente: prometen el oro y el moro mientras están por instalarse en el lugar.
LCV: Supongo que la situación de la gente respecto de esa desilusión debe ser importante también, ¿no? Deben haber comprado el discurso del progreso total.
—Porque además Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina. O sea, ejemplo más claro que Catamarca para demostrar que la minería no lleva al supuesto desarrollo, al supuesto progreso, es Catamarca, que desde el 97 tiene la experiencia de La Alumbrera. Entonces, digo, más allá de eso, la situación general de la provincia, del país, lleva por supuesto a mucha gente a ilusionarse, por decirlo de alguna manera, con este discurso muy sostenido desde la empresa y desde el Estado, que tiene que ver con que de la mano de la minería viene el desarrollo, viene el progreso. No es lo que muestra Catamarca, porque basta solo mirar las estadísticas sociales de Catamarca y vos te das cuenta que nada que ver con eso.
Ambiente
Palo y palo. El gobierno manda un ‘Escuadrón Contradisturbios” a Neuquén.

La ministra Patricia Bullrich anunció el envío de un “Escuadrón Contradisturbios” de 130 efectivos de la Gendarmería Nacional a Neuquén. Con la colaboración del Ministro de Defensa, Luis Petri, que colaborará con fuerzas de militares, avanzan en la política de ‘protesta cero’ que no le está yendo tan mal según sus propios criterios. Los funcionarios vocean, aquí y allá, que nunca hubo más tranquilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Los medios medio amigos sirven de usina para difundir la idea. Los comunicadores y politólogos afines al gobieno resaltan que es un ‘exito’ que ante el ‘mayor ajuste de la historia de la humanidad’ sea uno de los períodos con menos cortes de calle. Entusiasmados con ese análisis, avanzan en una política represiva ante los disturbios que en Neuquén son varios: Vaca Muerta, con sueldos de mala muerte, y muchas muertes obreras. Además, los demonizados Mapuches que tienen la insolencia de considerar que las tierras no tienen otro dueño que su creador, si es que existe, y los primeros que la habitaron pueden considerarse dueños de ese patrimonio de la humanidad.
El acto de lanzamiento del mencionado Escuadrón, no contó con la presencia del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, quien expresó su disconformidad en establecer una base de Gendarmería en su provincia con un cuartel que se instalaría en Río Negro.
El conflicto que parece haber despertado un alerta roja en los ministerios de seguridad y defensa fue la muerte de otro obrero en Vaca Muerta. El 9 de octubre, Miguel Fernández, de 40 años, falleció cuando realizaba tareas de rutina en una perforación en Bajada de Palo Oeste. Al conocer la noticia, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, anunció la paralización total de actividades en protesta por las reiteradas muertes de trabajadores en Vaca Muerta. Bajo el lema “Basta de muertes en el petróleo”, los empleados del sector aseguraron que se trata de la cuarta muerte en lo que va del 2024. En este sentido Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, advirtió que “hay un montón de compañeros accidentados y mutilados”. Miguel Fernández, de 40 años, falleció cuando realizaba tareas de rutina en una perforación en Bajada de Palo Oeste. El gremio de la región advirtió que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado.
El ‘accidente’ de Miguel Fernández no fue un hecho aislado El caso más emblemático ocurrió el 28 de diciembre de 2021 en la refinería NAO de Plaza Huincul, donde fallecieron 3 operarios producto de una explosión por las desastrosas condiciones en que operaba la misma. Luego, sobrevinieron otras muertes en pozos y rutas, por las condiciones inhumadas de trabajo.
Al conocer la novedad de un Escuadrón antidisturbios en la provincia, que tiene como fin, de acuerdo a lo anunciado, «proteger los recursos naturales» y reducir los bloqueos en zonas estratégicas de producción de gas y petróleo, el sindicato de Petroleros Privados, encabezado por Marcelo Rucci, sostuvo «A los garrotazos el país no va a salir adelante», y mostró su preocupación ante la posible militarización de los conflictos laborales en la región ya que esta medida limita su capacidad de protesta para visibilizar y garantizar las demandas de seguridad laboral y mejores condiciones en los yacimientos.
