La embestida judicial contra referentes gremiales y sociales parece no tener límites. A los allanamientos a decenas de comedores populares, las causas contra el dirigente del PO, Eduardo Belliboni por supuesto ‘desvío de fondos’, y a una semana del brutal allanamiento sufrido por la dirigente social Fernanda Miño en Villa La Cava, en el que encapuchados, sin identificarse, entraron a su casa de manera violenta y pegándole a niños y adultos; Rosario fue escenario de un operativo simultáneo en busca de reconocidos dirigentes de la seccional de ATE.
Durante la mañana de este miércoles, se llevaron adelante seis allanamientos en Rosario y Venado Tuerto. En Rosario se libró orden de detención para tres integrantes de la Comisión Directiva de Amsafe Rosario, un referente de la CTAA- Fenat Rosario y un trabajador de Niñez recientemente despedido afiliado a ATE. Uno de los agresivos allanamientos se dio en la casa de la madre de la secretaria general de ATE y CTAA Rosario, Lorena Almirón, donde buscaban remeras, pecheras, gorros y pancartas de ATE.
“Esta mañana, a las 7, allanaron la casa de mi mamá, que es una persona mayor. Entraron rompiendo la puerta pese a que mi tío, que vive delante de su casa, les dijo que tenía las llaves. Yo llegué rápidamente, porque vivo a dos cuadras, y no me quisieron mostrar la orden de allanamiento. El jefe del operativo no se identificó. Nos maltrataron y, claramente, sabía con quién estaba hablando. En ningún momento me quisieron dar ningún tipo de información, ni siquiera permitieron que mi mamá se asomara para saber si ella estaba bien”, narró la dirigente estatal.
Hasta las 17 horas las personas privadas de la libertad permanecerán en la sede de la PDI a la espera de su traslado a Santa Fe, donde este jueves a las 9hs se leerán los cargos. Al momento se imputaría a los compañeros que participaron de la protesta contra la reforma previsional el 12 de septiembre frente a la legislatura santafesina por daño calificado e impedimento de funcionamiento del Congreso, aunque aún no se transmitieron especificaciones personales de los cargos. La Fiscal a cargo es María Laura Urquiza.
La orden de oficio se dio el mismo día que se hizo pública la definición judicial de rechazar la inconstitucionalidad de la reforma jubilatoria por planteos de los sindicatos y el avance de las causas particulares en ese sentido. Y también sucedió a menos de 24 horas de haber decretado el cierre de las paritarias provinciales. El gobierno de Pullaro atacó a las organizaciones que masivamente rechazaron la oferta salarial y sostienen un plan de lucha contra el ajuste.
Un sinfín de organizaciones locales, nacionales e internacionales se han pronunciado por la garantía de los derechos, la integridad psico física y el debido proceso a los detenidos, exigiendo su inmediata libertad por entender que son víctimas de un grave proceso de criminalización y judicialización de la protesta social.
Los sindicatos afirman que la investigación tiene un perfil intimidatorio y antidemocrático sobre el derecho a la protesta. Convocaron a concentrar en Gobernación a las 17.00 para repudiar los hechos y exigir la liberación inmediata.