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El silencio de los Caracoles, por Pablo Solana desde Chiapas

San Cristóbal de las Casas, la cabecera municipal que los indígenas de Chiapas tomaron el 1 de enero de 1994, mantiene pocas huellas de aquel hito determinante de la historia contemporánea. Modelada para recibir turistas, la ciudad reserva a la identidad zapatista un puñado de centros sociales y culturales que funcionan como redes de apoyo; allí se venden productos cooperativos y se ofrecen algunas postales que propagandizan la causa insurgente. Los espacios funcionan, además, como lugares de encuentro y autoorganización urbana. Hay que salir del casco histórico para toparse con algún mural o cartel que reivindique al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ese particular ejército irregular que decidió seguir existiendo solo a condición de dejar de lado las armas. No hay mucho más que recuerde la insurrección indígena en una ciudad sostenida por el trabajo de los mismos que, hace casi 30 años, empuñaron los fusiles y los palos y se rebelaron.

Los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata. Dijo el sub Marcos: “Serán como puertas para entrarse a las comunidades y que las comunidades salgan…”

El pasado 8 de agosto se cumplieron 20 años de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. En los próximos meses confluyen otras conmemoraciones significativas: el 17 de noviembre serán 40 años desde que comenzó a organizarse la insurgencia clandestina en el sureste mexicano y el 1 de enero del año entrante se cumplirán 30 años del levantamiento que resquebrajó la hegemonía neoliberal y sacudió conciencias adormecidas a lo largo de todo el mundo. La cultura zapatista es bien propensa a los símbolos y al aprovechamiento de las fechas: los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata; el EZLN se dio a conocer en simultáneo y en resistencia a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (y en sintonía con el aniversario de la Revolución Cubana); cuarenta y tres es la suma de los Caracoles y los municipios autónomos conformados a lo largo de estos 20 años y la cifra, explican, busca reivindicar la memoria de lxs 43 jóvenes normalistas desaparecidxs en Ayotzinapa.

Sin embargo, este año, el cumpleaños de Zapata y la conmemoración redonda de dos décadas de Caracoles pasaron desapercibidos. En Chiapas explican ese silencio con más silencio. En medio de un contexto de violencias contra las comunidades que recrudeció en los últimos meses, nadie arriesga una pista sobre las decisiones futuras del zapatismo.

Un Caracol es una comunidad autoorganizada y autogobernada. En 1996, después de la traición a los acuerdos de paz de San Andrés por parte del Estado mexicano, los pueblos zapatistas decidieron darse su propia organización por medio de las Juntas de Buen Gobierno, en confrontación ideológica con el neoliberalismo y al margen de cualquier injerencia del Estado. Esas instancias resultaron útiles, además, para recibir la solidaridad nacional e internacional y para dar a conocer la voz de las comunidades más allá de las fronteras. En palabras del por entonces subcomandante Marcos, cada Caracol buscó ser «una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos hecho de muchos mundos. Serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está».

En la actualidad los Caracoles están cerrados

«No sé si se conmemoran 20 años, o se hubieran conmemorado», dice, con cierto misterio digno de la enigmática filosofía zapatista, un integrante de las redes de apoyo en San Cristóbal. Solo cuando avance la conversación comprenderemos a qué se refiere. Es que, en la actualidad, los Caracoles están cerrados. Las comunidades ya no hacen pública la existencia de las Juntas de Buen Gobierno, esas instancias delegativas y rotativas donde quien cumple funciones lo hace sin recibir remuneración alguna y, sobre todo, honrando la máxima de gobierno zapatista, el «mandar-obedeciendo».

Hasta hace poco, quien quisiera entrar en contacto con las comunidades —por lo general, integrantes de las redes de apoyo con que cuenta el zapatismo en México o en otros lugares del planeta— podía acercase a San Cristóbal y, tras las gestiones correspondientes, ser recibido en algún Caracol. Pero ahora eso ya no es posible. «Es que hay un proceso de remilitarización a través de las nuevas bandas criminales que nos tienen bajo ataque», explican.

Diana Iztu Luna nos recibe en Sendas, un espacio cultural en el centro de San Cristóbal «para aquellas personas que caminamos en búsqueda de la justicia y que nos inspiran las luchas de los pueblos originarios». Allí se combina el arte indígena con la comercialización de productos cooperativos de las comunidades. Diana integra distintos espacios organizativos que adhieren a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como la Red de Resistencia y Rebeldía y el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

«La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío. Antes nosotros, nosotras, hablábamos de la guerra integral y de desgaste por parte del Estado hacia las comunidades autónomas; ahora lo que estamos viendo es una guerra también propiciada desde grupos de poder, pero ejecutada por personas comunes, eso ya nos mete en una dinámica donde, si antes hablábamos de mal gobierno, ahora hablamos de des-gobierno», explica Diana.

La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío

A pocas cuadras del espacio cultural Sendas se encuentra la oficina del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, fundado en 1989 por el mítico obispo católico Don Samuel Ruiz, amigo de las comunidades indígenas aún antes de la rebelión. Desde allí parten las Brigadas Civiles de Observación que buscan, con su presencia en los territorios en conflicto, prevenir y documentar las agresiones a las comunidades. «El gobierno federal es cómplice de la violencia», dicen desde el Frayba, y apuntan sin eufemismos al presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es visto desde América Latina como parte de los gobiernos progresistas que se proponen construir alternativas al mismo neoliberalismo que los zapatistas siempre buscaron combatir. Sin embargo, comunidades y gobierno chocan y no se ven puntos de contacto, más bien todo lo contrario. Zapatistas y defensorxs de derechos humanos afirman que «el presidente de la República miente y encumbra la violencia en Chiapas». Acusan a AMLO de difamar a las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas «en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años».

A partir de 2019, distintos grupos paramilitares atacaron a las comunidades en más de 110 oportunidades, según documentó el Frayba. Los hechos se extienden a lo largo de todo el sureste mexicano: fueron sus principales víctimas las regiones zapatistas de Moisés y Gandhi, las Juntas de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, el Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, la zona Patria Nueva y el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. Los ataques incluyeron quema de escuelas y bodegas de café, secuestros, torturas y heridos de armas de fuego.

A esa violencia paramilitar el Estado mexicano sumó la criminalización de las víctimas: en los últimos años fueron encarcelados Manuel Gómez Vázquez y José Díaz, miembros de las bases de apoyo del EZLN, y otras cuatro personas de las comunidades en resistencia cuentan con órdenes de aprehensión por acusaciones que «carecen de sustento y son una forma de intimidación y acoso a nuestra autonomía», denuncian los zapatistas.

“Chiapas está al borde de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza”

En el informe «Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado», el Frayba sistematiza sus investigaciones sobre las consecuencias de la remilitarización y el impacto de la contrainsurgencia en Chiapas, el punitivismo y la continuidad de la tortura como práctica sistemática.

«El 21 de mayo de este año entró un grupo paramilitar a una comunidad autónoma zapatista, y entraron disparando. Hirieron casi de muerte a un promotor de salud, el compañero Jorge, un jovencito de 22 años, que recibió una bala que le entró por la espalda y le perforó el pulmón. Están entrando a matar», grafica Diana, que viene acompañando a las comunidades en sus procesos de resistencia. «Por eso ahorita hay un ´hacia adentro´ por parte de los compañeros y compañeras zapatistas; esos grupos usan armas exclusivas del ejército, están uniformados. Ante eso, Andrés Manuel López Obrador se hace el que no ve nada, el que no escucha nada. Recientemente declaró que lo que estaba pasando en Chiapas no era grave, que eran conflictos intercomunitarios… Ese fue el discurso que tuvo el PRI, que tuvo después la ultraderecha. La guerra integral y de desgaste sigue, pero con este desgobierno lo que se viene es una guerra civil», concluye.

En el Consejo Nacional Indígena de México coinciden: «Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [actual gobernador de Chiapas] y Andrés Manuel López Obrador», declararon en junio de este año.

Acusan al gobierno de AMLO por hacer la vista gorda ante la violencia que padecen las comunidades, pero no se quedan solo en eso. El zapatismo cuestionó desde el primer momento lo que considera que está detrás de esa complicidad con los ataques a sus comunidades: los megaproyectos en los que se sustenta el plan de gobierno de López Obrador, la «cuarta transformación» que tiene como uno de sus emblemas la construcción del Tren Maya. Cuando se hizo el anuncio, el subcomandante Moisés cruzó al presidente mexicano con dureza: «no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza», «desprecia a los pueblos originarios», y alertó que los zapatistas defenderán a la Madre Tierra «hasta morir si es preciso».

Un Caracol refugiado en su caparazón

A 20 minutos de San Cristóbal, en la Colonia Nueva Maravilla, se encuentra uno de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. Allí funciona la Universidad de la Tierra y el Cideci, Centro Indígena de Capacitación Integral. En 2019, este complejo comunitario y educativo se asumió como parte de los Caracoles zapatistas: en ese año fueron 11 las nuevas comunidades que se integraron a la red de autoorganización y autogobierno que propuso el EZLN en 2003. Aunque hoy mantiene el cartel en la entrada que lo identifica como «Caracol 7- Jacinto Canek», la comunidad en este caso adoptó las mismas medidas de seguridad que todas las demás: la Junta de Buen Gobierno ya no está accesible. Nadie en la comunidad habla del tema. Las respuestas son respetuosas pero esquivas. El silencio zapatista, ese digno y efectivo recurso de autodefensa y muestra de humildad, acompaña las miradas compasivas que nos dirigen cuando preguntamos.

El Cideci que allí funciona es un espacio educativo fundado en 1989. Al igual que el Frayba, se trata de proyectos que nacieron antes que el EZLN se diera a conocer por medio de la insurrección de 1994. El creador de esta apuesta formativa integral dirigida a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas es Raymundo Sánchez Barraza, a quienes todos se refieren como «el doctor Raymundo» o simplemente «el doc». Un hombre de unos sesenta y tantos años, tal vez setenta, a quien envuelve cierto halo de misterio y reverencia por parte de quienes lo tratan.

Raymundo nos recibió en la sede del Cideci. El encuentro cumplió con la expectativa que genera su leyenda. El lugar que rodea a la modesta morada donde el doctor recibe a quienes van a su encuentro está cuidadosamente decorado con plantas, flores, pinturas y murales. La espera es matizada con música clásica, que selecciona el doc y se propaga por distintos sectores del predio a través de un sistema de parlantes al aire libre.

La sala donde nos recibe es luminosa y, entre los objetos que la decoran, sobresalen otras plantas, libros y banderas de movimientos indígenas o de liberación de distintos lugares del planeta, desde Colombia a Kurdistán. Nos saluda con amabilidad, conversa con voz pausada. La música clásica, a un volumen que compite con su propia voz, exige una mayor concentración para escucharlo; nos pregunta sobre nuestro interés en la visita, demuestra estar informado sobre quienes lo visitamos y, finalmente, nos ofrece un recorrido por todo el predio donde funcionan los talleres, las salas de estudio y los espacios comunitarios. Preguntamos sobre la situación de violencia que padecen las comunidades y el futuro de los Caracoles. Nos contesta con la amabilidad y la parsimonia que mantiene durante todo el encuentro, aunque se muestra concluyente en la respuesta: «No, eso no es aquí, no somos nosotros quienes debamos tomar la palabra… menos yo». Sabíamos que Raymundo no brinda entrevistas ni expresa las posiciones del zapatismo, pero de todos modos debíamos intentarlo.

“En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos”

Santiago es el joven que nos acompaña en la recorrida por el único Caracol que, aunque no esté «abierto» en la actualidad, puede ser visitado. Él llegó al Cideci a los 12 años, se formó en diversos oficios, aprendió música y ahora es uno de los profesores en esa materia. Combina el español fluido que habla con nosotrxs con las frases en la lengua originaria con las que se dirige a los otros jóvenes de la comunidad. También con él intentamos el diálogo sobre la actualidad de los Caracoles, pero su silencio es inconmovible: con unas simples evasivas nos deja en claro que de eso no puede decirnos nada.

«En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos», explican las bases zapatistas. Pero ahora se saben acechados. Hasta que el EZLN y las comunidades decidan que es el momento para dar a conocer los pasos a seguir, los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno seguirán replegadas.

El 1 de enero de este año las comunidades zapatistas se convocaron a deliberar en cada Caracol, aunque ya por ese entonces los encuentros se realizaron a puertas cerradas. Solo dejaron trascender un mensaje: «Aquí seguimos, aquí estamos». Allí, en las comunidades del sureste mexicano, seguirán estando. En silencio, por ahora. Pero sería un error confundir el repliegue con la pasividad. Recordemos, en estas fechas, que la rebelión armada que está por cumplir 30 años fue resultado de una larga década previa de acumulación de fuerzas en la más estricta clandestinidad. Es de esperar que, como entonces, de estos silencios surjan nuevas rebeldías.

(Publicado en Revista Jacobin, 30 de agosto de 2023)

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Top 5 cripto escándalo, por Paulo Giacobbe

Por Laura Giussani Constenla.

Javier Milei concedió en su lugar de trabajo (la Casa Rosada) una entrevista al The Washington Post. Democracy Dies in Darkness es el lema del periódico. Para leer la nota completa hacen falta al menos dos cosas: saber inglés y suscribirse al periódico después de pagar unos dólares. Viviendo en Argentina no parece ser este el mejor momento para realizar ese tipo de inversión en esa moneda. Los diarios nacionales levantaron la nota y coinciden en que Milei habló de su participación en el caso $Libra y la criptoestafa que lo rodea, que es investigada en el país y en Estados Unidos.  

“Te pido que tengas la amabilidad de concederme un indulto”, solicitó Leonardo Cositorto en noviembre de 2023 al, en ese momento, presidente electo Javier Milei. Líder y fundador de Generación Zoe, Cositorto, a fines de febrero de este año fue condenado por estafa y como jefe de una asociación ilícita en la provincia de Corrientes. Enfrenta otros procesos similares en otras provincias. La empresa Generación Zoe fue ramificando sus actividades y prometía buen dinero invirtiendo en criptomonedas. Para entender el alcance, la Zoe Cash era la moneda revolucionaria que utilizaron algunos equipos del fútbol argentino y del exterior para pagar sueldos. Pero se trataba de una estafa que presentaba dificultades al momento de sacar el dinero invertido. Desde la cárcel, pero antes de iniciado el debate que terminaría en condena, Cositorto declaró que se presentaría como diputado en 2025: “Obviamente, ya tengo mi partido, que se llama Despierta”. ¿Visionario o ilusionista?

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Javier Milei en su cuenta de X, incluyendo el link para poder invertir en “Viva la libertad project”.  Comenzaba así la tardecita del día de los enamorados. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”. Terminaba así la nochecita del día de los enamorados y el resto es más o menos conocido. El mundo detuvo sus ojos en $LIBRA, como había adelantado el presidente, eso no se puede negar. Aunque hay opiniones encontradas sobre lo ocurrido: están los que acusan al presidente de estafador (porque sin su publicación la cripto no se hubiera valorizado); los que lo consideran una víctima (“Lo han usado. Fue una cama”, tal es el pensamiento de Cositorto, por caso) y, además, están las declaraciones del propio presidente. Sobre esto último pondremos el foco armando un Top Five de sus dichos.

Tendremos en cuenta dos charlas televisivas que brindó al respecto: 1.- Con Jonatan Viale el 17 de febrero para TN, el día ese que presentó una entrevista grabada y editada pero que ocurrió el lamentable incidente de filtrarse por error en YouTube un momento que no salió al aire, donde el presidente aseguraba que su defensa jurídica, en el improbable caso que lo necesitara, la llevaría adelante el actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que en ese momento era el jefe de María Florencia Zicavo, quien actualmente es la persona a cargo de la oficina creada por el gobierno para investigar lo ocurrido;  y 2 .- Con Luis Majul el 2 de marzo para La Nacion +, donde la conversación transcurrió por los carriles de mesura periodística que nos tiene acostumbrados.

PUESTO NÚMERO CINCO: “Yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo, o sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, frente a la posibilidad de que existe una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión, en ese contexto hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta, eso es mentira. Yo no me voy a estar escondiendo atrás de “me hackearon la cuenta”, me parece una aberración eso, claro que fui yo. Entonces lo que hice, lo fijé el tuit, para demostrar que había sido yo” (Como se generaron una serie de comentarios negativos sobre la solidez del proyecto, “ante la duda”, sacó el tuit).

PUESTO NÚMERO CUATRO: “En el mejor de los casos se trata de 5 mil personas y las chances de que haya argentinos es muy remota. Ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando, todos eran conscientes de los que estaban ahí, no solo eso, digo porque… la realidad es si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo si vos sabías que tenía esa característica?” (Después vendría una comparación más cruda, como “jugar a la ruleta rusa y que te toque la bala”. Esto generó cierto malestar entre quienes promueven el mundo cripto porque no desean que su imagen esté asociada a escenas sangrientas de esa índole).

PUESTO NÚMERO TRES: (Jonatan Viale le preguntó por qué la publicación de Milei ocurrió tres minutos después de la creación de la criptomoneda) “Porque es una información que apareció cuando se hizo público… digo, a mí me dio, me, de vuelta, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí, pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo, digo, yo tuiteo, o sea entonces, dije.. ‘ah, apareció, vamo… vamo’, porque esto ayuda a los emprendedores”.

PUESTO NÚMERO DOS: “Lo que me propusieron era que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos”. (No queda claro a qué proyectos se refiere, quizás a un sector informal que se dedica a la programación o a la inteligencia artificial, pero sí queda claro que existió una propuesta).

PUESTO NÚMERO UNO: “Yo podría haber mentido, yo estoy haciendo esto de buena fe. Todos los que entraron ahí entraron voluntariamente, nadie les puso una pistola en la cabeza”.

Como todo ranking, es volátil, igual que algunas inversiones, dinámico. Por eso en cuestión de horas el puesto número uno puede caer hasta quedar afuera y que su lugar lo ocupe una frase nueva, si es que esto fuera posible, porque una de las características de ambas entrevistas fue la reiteración. También es un ranking antojadizo, por eso algunos clásicos quedaran injustamente afuera (“soy especialista en hacer crecer la economía con o sin dinero”), lo mismo pasó con algunos nuevos que tienen pinta de hit (“es un problema de terceros”). En ese sentido, se puede decir que la moneda está en el aire, porque todo puede cambiar. Ahora, sobre lo que en medios nacionales o internacionales califican como “escándalo cripto”, podemos asegurar que el presidente confía en el accionar de la justicia. 

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Agustín Laje: Que no te la cuenten

‘Yo no lo viví’ parece ser el justificativo de Agustín Laje para dar a entender que su video de la contramemoria goza de absoluta imparcialidad. Ni terrorista ni militar.  ‘Joven Argentino’ que se define como escritor, investigador, conferencista, politólogo. En fin: culto, in-for-ma-do.

Huelga decir que ‘si no lo viviste’, ‘alguien te la contó’: padres, madres, compañeros de escuela, vecinos. Poco y nada sabemos de quiénes influyeron en el ánimo del joven Agustín Laje para tener semejante mirada de la historia. En cambio sí sabemos algo de sus maestros y profesores: nada menos que el ala conservadora de la Iglesia Católica y el Departamento de Estado de EEUU.

No es una teoría conspiranoica, simplemente un relato de cómo fue el recorrido de su formación ya que para un ‘estudioso, investigador, culto y escritor’ tienen mucho peso sus maestros y profesores.

Era el año 2015, Agustín tenía 26 años cuando logró uno de sus mayores objetivos: egresar con todos los honores del curso anti insurgente y contraterrorista brindado en el Centro William J. Perry, institución que se presenta publicamente como el “brazo académico de la Oficina de la Secretaria de Defensa de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental.” Un organismo oficial que pertenece a la National Defense University, ubicada en la  260 5th Ave Bldg 64, Washington D.C., DC, United States, Washington, District of Columbia, según su portal.

No debe haber sido fácil ganar esa beca. Vaya a saber qué motivos lo impulsaron a llegar al corazón del estudio antiterrorista del continente cuyo director, el Dr. Richard Downie, suele resaltar en su presentación la importancia de este curso destinado a “encontrar los mecanismos y las políticas adecuadas que nos permitan enfrentarnos al terrorismo y a la insurgencia”. Una suerte de maestría antirrevolucionaria que dura 14 semanas, divididas en una parte a distancia, otra presencial y una investigación.

Es justo aclarar que la formación académica de Agustín Laje Arrigoni no se reduce a un curso especializado en antiterrorismo en Estados Unidos.

El joven cordobés, nacido el 16 de enero de 1989, inició su carrera de ingeniería en el Instituto Universitario Aeronáutico de la provincia mediterránea, allá por el año 2007. El IUA es un instituto de la Universidad de la Defensa Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

Al niño Laje le tocó vivir en un ámbito militar de la conservadora provincia de Córdoba en un tiempo inquietante para los militares que participaron en la última dictadura. En el año 2008, al cumplirse sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  la UNESCO y sus Estados miembros decidieron que en la EX ESMA funcione el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. El predio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 19 de agosto de 2008.

Más allá de la influencia de sus profesores y compañeros aeronáuticos se contacta con la Fundación Santa Elías, dirigida por el P. Javier Olivera Ravasi, en cuyo portal explica sus propósitos: “Predicar y proponer la santa Fe católica, con celo apostólico, parresía, fidelidad a la Revelación Divina, plena marianización de la vida y confiados en la Divina Providencia, a todos los hombres y por todo el mundo, sin límites de medios y acciones misionales, para alcanzar la Verdad que nos hace libres, únicamente para Gloria de Dios y el mayor bien de las almas.”

Para difundir la ‘Verdad que nos hará libre’, el padre Javier Olivera Ravasi también funda una editorial, QNTLC, sigla que corresponde a “Que No Te La Cuenten”, fueron ellos quienes publicaron el primer libro de Laje, titulado: “Los mitos setentistas: Mentiras fundamentales sobre la década del 70.” Con indisimulado entusiasmo, ‘quenotelacuenten’ presenta con estas palabras su publicación: “Tras una larga y exhaustiva investigación, Agustín Laje Arrigoni, con apenas 22 años de edad, ofrece un libro tan combativo como documentado, en el cual revisa, refuta y desacredita de cabo a rabo todos y cada uno de los mitos que la agobiante historia oficial impuso sobre los años ´70 en la Argentina.”

Gracias a este libro y la recomendación de la fundación Santa Elías, obtiene la beca para estudiar con los que más saben de lucha antiterrorista en América Latina, los militares norteamericanos.

El moño de la formación de este supuesto politólogo fue la Universidad de Filosofía de Navarra, reconocida por su vínculo con el Opus Dei, en donde obtuvo su título de licenciado en el año 2020.

Cada quien tiene derecho a estudiar donde le plazca, lo que resulta indignante es que alguien que ha tenido semejante formación critique el ‘adoctrinamiento’ ejercitado por esos ‘zurdos de mierda’.

En estos días, Martín Caparrós publicó un tuiter sobre el video de Agustín Laje difundido en la semana de la Memoria que dice: “Este chico, pagado por el Estado, usa la falsificación más burda: empezar la historia donde se le canta y borrar lo anterior. Así desaparece todos los golpes militares desde 1930, dictaduras, represión y asesinatos que convencieron a tantos de que pelear era la única salida”.

Tiene razón Caparrós, salvo en minimizar a ‘este chico’ como si fuera un simple imbécil. Y quizás también en no aclarar cuál es el Estado que le habría pagado a Laje.

Que un joven formado bajo la guía de la disciplina militar sumada a la ideología de la mayor potencia mundial responsable de decenas o centenas de golpes y guerras, y del sector más retrógrado de la Iglesia, considere que su mirada es imparcial no deja de ser cuanto menos ingenuo. Tan ingenuo como creer que estamos simplemente viviendo un ‘clima de época’ antirrevolucionario y negacionista. Es hora de empezar a preocuparnos.

Existe todo un entramado de fundaciones, escuelas, organizaciones y Estados, que trabajan en común detrás de sus intereses económicos. Nos  están marcando la cancha mientras asistimos con azoramiento a una realidad que parace de cuento. Pues no, ningún cuento ni casualidad, conviene empezar a identificar con nombres propios a los hacedores de este nuevo mundo.

Si la malfamada Escuela de las Américas fue el sitio de instrucción para golpes feroces y enseñanza de las peores formas de represión y tortura, hoy deben existir otros sitios con distintos métodos para llegar a la misma opresión. ¿Será el Centro William J. Perry uno de ellos? Fue fundado luego de la Cumbre de las Américas de 1994. Y llegamos al 2024 con la ideología de los noventa en todo su esplendor. No es casualidad, ni Menem lo hizo.

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Adriana Taboada: “El Estado nacional ya no tiene perito que verifique la información que se obtenga y se presente en un juicio de lesa humanidad”.

Adriana Taboada, perito en juicios de lesa humanidad y activista en la defensa de los derechos humanos, pasó por La Columna Vertebral para hablar sobre la situación actual de la Secretaría de Derechos Humanos y su rol en los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. A lo largo de la nota, Taboada compartió su experiencia personal y profesional, detallando los desafíos que enfrenta al trabajar con las víctimas del terrorismo de Estado, la presión política y el ataque constante que sufren los organismos de derechos humanos.

Además, reflexionó sobre el debilitamiento de las capacidades de la Secretaría ante la actual gestión política y el impacto que esta desarticulación tiene en las causas abiertas. También se refirió a las luchas históricas de los trabajadores, como la de los obreros navales en la zona norte del conurbano bonaerense, destacando la complicidad entre el poder económico, el sindicalismo colaboracionista y las fuerzas represivas de la dictadura.

LCV: “Contanos el antecedente que vos ya tenías de una comisión que había pedido tu cabeza a la Secretaría de Derechos Humanos con anterioridad por ser una supersiva participante del juicio, eh, perito de los juicios a los genocidas.”

Adriana Taboada: “Cuando cambia la gestión, asume mi ley unos días antes, mejor dicho, de que asumiera Milei, y con los militares suponiendo que, junto con mi ley, ellos llegaban al poder así sin más. Creo que por eso, con una vicepresidenta como la que tenemos, además que es de la familia militar, una organización de militares retirados le escribió una nota a mi ley pidiéndole, en principio, que desarmara, desmantelara o cerrara la Secretaría de Derechos Humanos, y que particularmente pedía por la cabeza de un abogado llamado Tauber Sans, abogado a la Secretaría, de un perito llamado Aril Rossi, con el que trabajo hace 13 años, medicolegiista, y la mía. Bueno, esto no se produjo de esa manera, pero bueno, a lo largo de todo el 2024…”

LCV: “Los fundamentos de por qué es interesante.”

Adriana Taboada: “El fundamento conmigo en particular tienen, bueno, ellos decían que nosotros repudiaban la forma de trabajo que teníamos, ¿no? Como que no éramos éticos, no éramos idóneos. Tenía que ver con esto. Incluso en esa nota ponían nuestro nombre, apellido, la profesión y la matrícula, o sea, bien claro el hostigamiento y la persecución, un escrache total. Conmigo tienen además un problema en particular. Yo ese año publiqué una cartilla que se publicó a través del Ministerio de Justicia de Nación, hace varios años, una cartilla que tenía que ver con una orientación a los abogados de ESA, los abogados querellantes, que yo titulé impunidad gerontológica, y donde daba algunos elementos para ver cómo la salud, que es un derecho, terminaba siendo utilizada por los acusados en los juicios de lesa humanidad como un camino a la impunidad. Entonces, utilizaban la edad y el derecho a la salud para poder salirse de los juicios. Por eso lo de impunidad, y lo sostenía, y orientaba sobre qué cosas ver, dónde estar alerta. Y esto para ellos fue, bueno, duro evidentemente, porque siguen dando vuelta alrededor de este mismo tema.”

LCV: “Explícanos a nuestros oyentes qué es un juicio de lesa humanidad.”

Adriana Taboada: “Un juicio de lesa humanidad es un juicio penal, o sea, un juicio que busca una condena por delitos que la humanidad toda considera los más graves que se pueden llevar adelante contra los hombres y mujeres de este mundo. Por eso se les dice crímenes contra la humanidad. En el caso de los delitos cometidos durante la dictadura, ya hay jurisprudencia que son considerados efectivamente de los más graves, y al banquillo, digamos, van en su mayoría militares, miembros de las fuerzas de seguridad. Y lo que ha resistido más, lo que ha sido más difícil, y sobre eso vos podrás hablar mucho también desde esta columna, lo que ha sido más complejo es con el poder económico que fue responsable del genocidio en los 70. Pero bueno, ante todo eso, cuando se producen estos juicios, parte de los derechos, este, que tiene o de las obligaciones que tiene el Estado con respecto a estos acusados, es ver si están en condiciones mentales de entender de qué se los acusa y poder defenderse. Una persona en este país no puede ir a juicio si no entiende de qué se la acusa, y no puede defenderse.”

LCV: “Y el trabajo de ustedes era demostrar que estaban en sus cabales.”

Adriana Taboada: “Sí, o acordar que no lo estaban. Sí, claro, obvio. También acordar de que cuando alguien no está en condiciones, nosotros decimos que no está en condiciones. Y fuimos desarrollando también una cierta experiencia en ir reconociendo simulaciones, porque una cosa que pasa mucho, y pasa, es que tratan de simular patologías que no tienen, entonces, de eso también se trata nuestra tarea.”

LCV: “Estamos hablando de cómplices, hablamos del poder económico, y llegamos a las empresas. En el marco de las empresas, el trabajo que ustedes hicieron es muy importante en Mercedes-Benz, en Ledesma, en Astilleros. Contanos un poquito de esto. Si hay algo para que me aportes desde lo pericial y además la militancia que tiene la comisión zona norte en lo que tiene que ver con los astilleros y los trabajadores.”

Adriana Taboada: “El término, digamos, esto que estoy diciendo, así como alguien tiene que poder entender de qué se lo acusa y poder defenderse, no cualquier acción puede ser considerada un delito. Entonces, para que algo sea delito, yo tengo que poder demostrar que lo es, tengo que conseguir las pruebas. Y en lo que hace el poder económico, las empresas, obtener esas pruebas es muy complejo. Entonces, requiere un trabajo de investigación y de construcción de esa información que tienen que llevar adelante especialistas. Es como lo de lo que pasó en estos días con este gas que le pegaron en la cabeza a Pablo Grillo, y los peritos pudieron, con su conocimiento científico, ver cómo era la trayectoria e identificar quién fue. Bueno, se requiere construir la información también con el poder económico. Entonces, ahí el trabajo de la Secretaría es, era, es, muy importante, porque es el Estado Nacional, y el Estado Nacional tiene acceso a distintas fuentes, a distinto tipo de información que no siempre es tan accesible para los particulares, o se complica un poco más para las organizaciones. Entonces, toda la tarea de investigación, de encontrar las pruebas, de construir esas pruebas, cuando digo construir, no digo fabricar, como inventar, les doy un sentido efectivamente con toda esa información, y fantasía, y no es fantasía. Entonces es muy importante. Después, además, están los abogados de la Secretaría, que son los que después tienen que ir al juicio o tienen que estar en la instrucción, poniendo, aportando todo esto y dándole sostén y diciendo cuáles son los delitos, cuál es la pena que correspondería, a quién le correspondería. Y hay que poder convencer al juez también, hay que darle todos los elementos para que un juez concluya la sentencia. Es una conclusión de qué es lo que pasó y quién es responsable de lo que pasó. Y las condenas, si es que corresponden, o las absoluciones, que también las hay. No, en el caso particular, mi otra, mi espacio de trabajo político-social es la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que se conformó hace 29 años, para un 24 de marzo, cuando se cumplían 20 años del golpe, y que tomó la lucha de los obreros navales en la zona norte, sobre todo en Tigre y San Fernando, como un ícono de lo que fueron las luchas obreras, la lucha del Movimiento Obrero en la década del 60 y 70. Obreros que fueron fuertemente represaliados, fuertemente represaliados. Y en esa represión, sobre todo lo que nosotros pudimos mostrar, en esa represión a los trabajadores, participó no solamente el ejército, que es el que se los llevó y los desapareció en su mayoría, sino que participó también el sindicalismo y la empresa. ¿De qué manera? El ejército llegó el 24 de marzo a la madrugada a las puertas del astillero Tarzsa con un listado de gente para llevarse. Ese listado tenía nombres que había otorgado, que había dado la empresa, pero además, al lado del nombre, había fotos, y las fotos las aportó el sindicato.”

LCV: “Algunos gremios, algunos dirigentes, no como una política del sindicato, ¿no?”

Adriana Taboada: “No, claro. En este caso, ese sindicato, en ese momento, el SOIN, el sindicato de los obreros navales, era un sindicato traidor, ¿no?, claramente. No todos tenemos colaboracionistas, por supuesto. Nosotros tenemos dirigentes que son realmente un ejemplo, y sindicatos que también pusieron el cuerpo y sus hombres, total, absolutamente, no fue el caso del SOIN. Y esto fue denunciado tempranamente, además, fue denunciado tempranamente esta connivencia entre la empresa, el poder económico, el sindicalismo entregador y las fuerzas armadas.”

LCV: “¿En qué condiciones hoy quedan entonces las causas abiertas, los juicios abiertos, y todo esto, en la medida en que está desmantelado en la Secretaría de Derechos Humanos esta expertiz?”

Adriana Taboada: “El juicio, para que los oyentes entiendan, cualquier juicio para llevarse adelante requiere tener un juez o jueces, si es un tribunal, una parte que acusa y una parte que defiende. Con esas tres patas, un juicio se lleva adelante. En los casos de los juicios de lesa humanidad, la pata acusatoria sería el Ministerio Público Fiscal. O sea, los juicios van a seguir, pero la Secretaría es como una parte que, al presentarse y ser tenida en cuenta, podía aportar mucha información, podría ser una defensa de esas pruebas. O sea, es importante ser parte de un juicio. Esto queda debilitado en algunos casos. Ya no se va a poder hacer, por ejemplo, en Córdoba. Ya hace unos meses se echó a los tres abogados que tenía la Secretaría. O sea, en Córdoba, que además tenía jurisdicción sobre La Rioja y Catamarca, ya no hay abogados de la Secretaría. En el caso de La Perla, para acusar, en la causa de La Perla, no tenemos, ya no tenemos abogado. En Corrientes, no lo hay, tampoco. No lo hay en Mar del Plata, no lo hay en Bahía. Y aquí en Capital, jurisdicción de Capital y San Martín, que es toda la causa de Campo de Mayo, se ve fuertemente debilitada porque había siete abogados aquí, de los cuales al 31 de marzo quedan tres. Que siete eran pocos para cubrir todo. Imaginate tres. Entonces, hay causas que no se van a poder cubrir, o no se van a poder cubrir de la misma manera. Una persona no puede estar respondiendo todo, ¿no? Aparte, un juicio lleva mucho esfuerzo, mucha concentración, es mucho trabajo, mucho trabajo. Así que, debilitado, perito ya no hay. Discúlpame, perito ya no hay. Conmigo se va la última perito. Este, no va a haber peritos de parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo igual te quiero anticipar que yo vuelvo a lo que hice durante 10 años, yo me vuelvo a poner a disposición de los organismos de derechos humanos y los querellantes, y voy a intervenir como perito de parte representando a las víctimas. Pero el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional, ya no tiene perito. O sea, esto se debilita, es importante.”

LCV: “Claro, pero se debilita en una acción programada, digamos, ¿no?”

Adriana Taboada: “Esto se, acá, en lugar de hacer una cosa de cuajo, lo que fueron haciendo se encuentra gota por gota. Además de mucho desgaste emocional, porque echaban gente, después la reincorporaban al tiempo, volvían a echar, algunos volvían a quedar adentro de la Secretaría. Hay policía, hay puertas cerradas, hay un ambiente de meses y meses de mucho estrés, de mucho hostigamiento. Entonces, tampoco era sencillo trabajar así, ¿no? Ahí quedamos los trabajadores defendiendo todo lo que podíamos defender, pero en condiciones complejas.”

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