Crece la preocupación de los productores rurales franceses por la puesta en vigencia, el 31 de diciembre de 2024 del Reglamento (UE) 2023/1115 que establece nuevas normas para la comercialización en el mercado de la Unión Europea de materias primas o derivados que hayan provocado una degradación forestal. La medida, votada el año pasado, forma parte de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 , la Nueva Estrategia de la UE a favor de los Bosques para 2030 y el Pacto Verde Europeo . El objetivo es prohibir, a partir de 2025, la importación de café, cacao, caucho, aceite de palma, soja, carne de res y madera cuya producción haya contribuido a la deforestación.

En Francia se debate sobre el futuro de la producción ganadera del país ya que importan el 90% de los forrajes y cereales necesarios para alimentar a sus vacas y chanchos y temen que se limite el ingreso de uno de los principales países exportadores como Brasil. El tema también interesa a otros países de la región como Argentina o Uruguay. En julio de este año se llevó a cabo el primer embarque de harina de soja argentina con certificado de libre de deforestación con destino a Francia. Más adelante veremos cómo se comprueba en nuestro país que no se haya afectado al ambiente.

La queja de los productores franceses confirma que casi la mitad de la producción “granos gruesos, de semillas oleaginosas y de tubérculos, se utilizan para la alimentación animal y para la producción de biocombustibles”, tal como resalta una nota publicada por la Bolsa de Comercio de Rosario.

La novedosa medida adoptada por la UE sostiene a modo de fundamento: “El nuevo reglamento europeo tiene como objetivo prohibir, a partir de 2025, la importación de café, cacao, caucho, aceite de palma, soja, carne de res y madera cuya producción haya contribuido a la deforestación.” De esta forma, la Unión Europea espera: “minimizar la contribución de la UE a la deforestación mundial y la degradación forestal ; y reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad mundial.” Al tiempo que expresa su convencimiento de que “la deforestación y la degradación forestal son consecuencia de la expansión de las tierras agrícolas, que está vinculada a la producción de los productos básicos cubiertos por este Reglamento. Como gran consumidora de estas materias primas, la UE puede reducir su contribución a la deforestación y la degradación forestal mundial asegurándose de que estos productos y sus cadenas de suministro estén libres de deforestación. Según la evaluación de impacto del Reglamento, sin esta intervención, solo el consumo y la producción de la UE de las seis materias primas podrían causar una deforestación anual de casi 250 000 hectáreas de aquí a 2030.”

La prohibición de dicha importación recaerá sobre los productores que hayan deforestado selva o bosques nativos a partir de diciembre del 2020, quedando excentos quienes cometieron dicho delito ambiental con anterioridad.

De acuerdo a un informe de la Agencia France Press, productores de la Cooperativa Agrícola Regional del Somme, en el norte de Francia advierten que “todavía no se ha fijado la cotización de la soja para 2025”, lo que pone en riesgo la alimentación de su ganado y la provisión de alimentos al país. En tanto, el Sindicato Francés de la Industria de la Nutrición Animal informó que “la mayoría de los importadores y proveedores han suspendido sus cotizaciones mientras que sus clientes, los fabricantes de piensos para animales de criadero, solo tienen información muy parcial e insuficiente sobre las cantidades disponibles”. Según AFP “el problema afecta a Francia, uno de los mayores productores de carne y leche de la UE, pero también preocupa a sus vecinos, como España, un gran productor de carne de cerdo.En este sentido la asociación española del sector, Unistock, mostró recientemente su “alarma” por la medida.”

Las grandes transnacionales cerealeras, como el grupo Louis-Dreyfus, aseguran estar en condiciones de demostrar sus títulos de propiedad para asegurar que sus tierras no caen dentro de la sanción prevista por deforestación. Mientras, la Confederación Nacional Agrícola de Brasil teme que los requisitos europeos puedan “castigar a los pequeños productores”, que tienen menos capacidad para proporcionar datos, especialmente por satélite, para demostrar que sus cultivos no fueron plantados en áreas prohibidas.

Más allá de posibles limitaciones tecnológicas, seguramente los pequeños productores tienen menos contactos con el poder para lograr la certificación correspondiente.

¿Hecha la ley hecha la trampa?

Hasta aquí, las buenas intenciones de la Unión Europea y la preocupación que genera dicha medida en los productores de ganado en Francia y España. El tema sería comprender quién otorga el certificado ‘libre de forestación’.

Resulta esclarecedora la entrevista realizada por el portalValor Carne -que se presenta como ‘información para la nueva Ganadería’- a  Gustavo Idígoras, coordinador de VISEC. ¿Qué es Visec? Una empresa privada conformada por los grandes capitales cerealeros, que tiene la responsabilidad de otorgar dicha certificación. No es otra cosa que una plataforma para soja y carne bovina libre de deforestación, “una iniciativa privada que busca dar respuesta al reglamento 1115/23 de la Unión Europea (UE), cuyo punto más álgido para la Argentina es la prohibición de importar esos productos si provienen de áreas deforestadas, en forma ilegal o legal, a partir del 31/12/2020.”

El propio Idígoras explica cómo nació esta empresa que demuestra a través de un software con imágenes satelitales que los productos a exportar no afectaron a los bosques nativos:

“La propuesta surgió en 2019 impulsada por los exportadores del complejo sojero preocupados por el Gran Chaco, el segundo bioma de América Latina que en el país ocupa 60 millones de hectáreas, superficie similar al territorio de Francia. El desafío era demostrar que la Argentina no estaba deforestando ilegalmente en esa región y brindar garantías al respecto”. Así se fueron sumando las entidades de productores, corredores, acopiadores, AACREA, AAPRESID, entre otros.

Una preocupación, la de los productores del Chaco, que tenía sus buenos motivos ya que, “de acuerdo con los números oficiales del Monitoreo de los Bosques Nativos, entre 1998 y 2022 se perdieron 859.503 hectáreas de masa forestal en Chaco, a la que habría que agregar las más de 57.000 que la organización Greenpeace ha calculado para 2023. Un estudio de la Fundación Vida Silvestre Argentina indica que la pérdida de bosques en Chaco representa el 14,21 % de la deforestación nacional y equivale a 58 canchas de fútbol por día”, según cuenta el portal Mongabay. Con dichos antecedentes no hubiera resultado fácil conseguir una certificación que no solo apunta a la deforestación ilegal sino a toda deforestación innecesaria, más allá de las leyes de cada país de acuerdo a la normativa de la Unión Europea, más amplia que la Ley de Bosques.

¿Por qué los privados son quienes responden a la UE?, fue la atinada pregunta de Valor Carne, a la cual el coordinador de Visec respondió:  

“El reglamento europeo exime a los Estados de participar de la certificación, ya que se basa en la debida diligencia empresarial. El exportador es quien debe hacer un análisis de riesgo de los establecimientos de producción”, indicó Idígoras. En tal sentido, debe mantener la cadena de custodia, tanto física como documental, para garantizar que el animal en pie no proviene de áreas deforestadas, y que la media res y la carne no estuvieron en contacto con productos de origen desconocido o en los se comprobó desmonte.En 2023, once frigoríficos exportadores (ABC) mostraron interés en VISEC y a partir de ahí se empezó a trabajar para que se sumara toda la cadena de valor. La Sociedad Rural Argentina lideró la convocatoria.”  

Darse de alta en la plataforma VISEC es gratuito. “A partir de ahí deben generar la imagen satelital de su campo a diciembre de 2020 y a la fecha del alta, para contrastarlas. Esas capturas las puede hacer el mismo productor, el frigorífico o cualquier empresa de la cadena”, dijo Idígoras.

Publicado en Nueva Sociedad, 7 de agosto de 2024

En la bahía de Bengala se produce un poderoso viento conocido como monzón. Desde tiempos inmemoriales, este viento marca una temporada entera de inundaciones y lluvias torrenciales. A pesar del carácter devastador para las poblaciones, llegó a ser venerado como un dios, ya que tras la catástrofe deja tras de sí importantes cambios ambientales que favorecen a la agricultura y las reservas de agua. En alusión a este fenómeno natural, los estudiantes de Bangladesh bautizaron con el nombre “Monzón de Bengala” al movimiento de protestas a escala nacional que sacudió al régimen político. Hace pocas horas, la primera ministra, Sheik Hasina, dimitió y escapó en helicóptero hacia la India, concluyendo 15 años de gobierno durante los cuales se la había denominado la “Dama de Hierro”. Hasina es parte de la elite política y del partido vinculado a la lucha por la independencia. El jefe del Ejército anunció rápidamente la conformación de un gobierno interino, sin dar muchos más detalles. Los jóvenes viven el momento como un triunfo, pero no van a tolerar un gobierno militar. Los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero profundicemos en sus raíces. [El pasado martes, día 6, el Parlamento de Bangladesh fue disuelto para nombrar presidente interino a Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2006.]

Fase 1: contra la reforma

El detonante de las protestas fue la decisión del Tribunal Supremo de restablecer el sistema de cupos que estaba suspendido desde 2018. Este sistema reservaba el 30% de los trabajos gubernamentales a las familias de los veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán. En aquella guerra había jugado un rol importante la Liga Awami, liderada por Sheik Mujibur Rahman, padre de la expulsada primera ministra Sheik Hasina.

El desempleo es un problema estructural de Bangladesh

Fahim, un estudiante de la Universidad de Dhaka, explica a los periodistas que “la ley tenía sentido en los años tras la independencia, como recompensa para quienes dieron su vida en la guerra”, pero para los jóvenes de hoy “en la práctica significa que la Liga Awami se asegure el control del Estado”. Es decir, el llamado “cupo para los luchadores por la libertad”, junto con la corrupción en el examen de la función pública, impide a muchos de los estudiantes acceder a trabajar en el Estado, lo que significa desperdiciar sus capacidades profesionales en un país donde reina la pobreza. El desempleo es un problema estructural de Bangladesh, pero para la juventud en particular representa un grave obstáculo al finalizar sus estudios. La investigadora bangladesí Naomi Hossein explica que “muchos de ellos tienen las habilidades necesarias para encontrar trabajo en el extranjero, pero están decididos a quedarse y servir a su país”.

De fondo, el reclamo estudiantil apuntaba contra el problema del empleo en Bangladesh, un país pequeño en superficie pero con 170 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive bajo pobreza extrema, que sufre los ciclones anuales junto a epidemias de enfermedades como dengue o cólera. El servicio público abre solo 3.000 puestos de trabajo anualmente para los más de 400.000 graduados de las universidades, y a falta de empleo de calidad en el sector privado, esto pinta un panorama sombrío para los jóvenes.

Julio fue sangriento en Bangladesh. Las protestas que comenzaron el primero del mes de manera pacífica se masificaron y radicalizaron rápidamente por todo el país, y a ellas se unieron trabajadores precarios. Sheik Hasina, conocida como la Dama de Hierro de Asia del sur, respondió con una brutal represión, enviando a su milicia paramilitar la Liga Chhatra, a la Policía y a la Guardia Fronteriza.

El 14 de julio fue un punto de inflexión, cuando se burló de los manifestantes al llamarlos “razakars”, como se llamaba a los bangladesíes que colaboraron con el ejército paquistaní durante la guerra de 1971, acusados de crímenes de lesa humanidad contra civiles en el entonces Pakistán Oriental. Pero este es el modus operandi de la primera ministra. Para justificar la violencia desmedida, el gobierno vincula cada manifestación en su contra con grupos de oposición como el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por su archienemiga Khaleda Zia –viuda del presidente asesinado Ziaur Rahman–, o el Jamaat al Islamia, de orientación islámica radical. Ambos partidos son conocidos por sus brutalidades en el pasado, sus vínculos con la opresión pakistaní y las dictaduras militares entre 1975 y 1990. Es cierto, estos dieron su apoyo a las protestas, pero según explica Kais Mahmood, “los partidos de la oposición no tienen ninguna influencia en el movimiento, son muertos políticos, los estudiantes están luchando por cambios profundos, por eso los reconocen como miembros de la misma elite que la Liga Awami”.

El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas

Las protestas se radicalizaron en pocos días. El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas, lo que convirtió las calles en zonas de guerra. Los combates fueron sangrientos y fue fundamental la solidaridad de trabajadores callejeros como los chóferes de rickshaw (unos taxis de tres ruedas a tracción humana), que transportaron a los heridos. Entre las imágenes más escalofriantes está la del activista Abu Sayed, que se paró desarmado frente a una columna de policías con los abrazos abiertos y fue fusilado a quemarropa. Este acto fue condenado por Amnistía Internacional, que expresó su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Bangladesh.

En las protestas se destacaron las mujeres y jóvenes. Para Shafiqul Alam, director de la agencia AFP en Bangladesh, se trata de una “revolución de mujeres”. Su participación fue cruelmente castigada por los miembros de la Liga Chhatra, varones que golpearon a cientos de jóvenes con cañas y machetes sin pudor. Sin embargo, esto no las frenó para volver a las calles.

Para controlar la situación, el Gobierno impuso un toque de queda en todo el país y cortó internet durante casi una semana. De la misma manera, prohibió el derecho a huelga o de reunión pública mientras sembraba el terror militarizando las universidades, donde los estudiantes se atrincheraron y llamaron al cierre total. Por las noches, la policía y otras fuerzas represivas realizaron redadas “puerta a puerta” para encarcelar a líderes y activistas sacándolos de sus casas a golpes. Luego de ser liberados, estos denunciaron torturas en los centros de detención.

Para calmar las aguas, el Tribunal  Supremo volvió a abolir el sistema de cupos, dando a entender que retrocedía con la medida. Pero no fue suficiente. El movimiento había comenzado a exigir justicia y rendición de cuentas por los más de 300 muertos hasta ese momento [el 6 de agosto, Euronews elevó la cifra hasta los 400].

Fase 2: por la caída de Sheik Hasina

Luego de una semana de redadas y encarcelamientos nocturnos, el movimiento se reagrupó. Durante esos días se armó un pliego con nueve demandas, entre ellas el reclamo de un pedido de disculpas oficial, justicia por los muertos y la renuncia de varios ministros. Pero en la medida en que el movimiento creció, esto fue virando hacia una sola demanda representada en los miles de puños alzados con el dedo índice señalando el cielo: la renuncia de Sheik Hasina.

Los coordinadores de las protestas comenzaron a hacer una llamado nacional a un “movimiento de no cooperación”. Es decir, el reclamo principal pasó de ser una reforma limitada a los cupos a apuntar contra todo el régimen político.

El domingo 4 de agosto fue el más mortífero hasta el momento. La juventud en las calles derribó decenas de estatuas del héroe nacional Sheik Mujibur e inundó las calles de Dhaka y otras ciudades. Las redes sociales se llenaron de amenazas de la Liga Chhatra, cuyos militantes aparecieron en las principales esquinas con camionetas 4×4 y armas. El día terminó con 94 muertos en los enfrentamientos en todo el país.

A pesar de tantas muertes, Hasina no cesó en sus provocaciones. En una conferencia de prensa, llamó a los manifestantes “terroristas que buscan desestabilizar la nación” y dijo que había que “tratarlos con mano de hierro”.

En respuesta, el movimiento adelantó la “Marcha a Dhaka” hacia la plaza Shahbag a ese lunes para presionar por su única demanda, al tiempo que convocaban a la construcción de Comités de Lucha y Resistencia en cada barrio y aldea. El método emula el de los comités liderados por estudiantes en distintos momentos históricos para la resistencia: los más significativos fueron los que se formaron para luchar por el uso de la lengua bengalí en 1952, en oposición al urdu impuesto por Pakistán, luego durante la guerra de independencia en 1971, y más tarde en la caída de la dictadura en 1990. Esta misma tradición los llevó a resistir las más crueles masacres de la historia del país.

Fahim Mukarrab comenta desde la Universidad de Jahangirnagar, en el distrito de Savar: “Ahora hemos declarado una larga marcha a Dhaka para rodear la residencia de la primera ministra hoy [5 de agosto]. Puede pasar cualquier cosa, amigo mío. La situación aquí ahora es más mortal que cualquier otra en la historia de nuestro país”. Las acciones de esta semana escalaron a un nivel jamás visto, y los periódicos hablaron de millones de personas en las calles.

Fase 3: la caída. ¿Y ahora?

La Dama de Hierro finalmente se oxidó. Durante la tarde del lunes 5 de agosto, Hasina dimitió y abandonó Dhaka en helicóptero volando hacia la India. Miles de manifestantes saltaron la cerca de su residencia y tomaron la casa de gobierno. Tras el vacío de poder, el jefe del Ejército Waker-Uz-Zaman formó un Gobierno interino que ha entablado un diálogo con los líderes de los partidos políticos. Allí no estuvo presente ningún miembro de la Liga Awami. El precedente de esta situación fue en enero de 2007, cuando el Ejército declaró el estado de emergencia para frenar las protestas generalizadas y se instaló un gobierno provisional respaldado por los militares durante dos años.

El factor clave en la caída de Hasina fueron los trabajadores del sector textil y la presión de los fabricantes. Los bloqueos extendidos en el tiempo, los cortes en las principales rutas y la caída de internet y las comunicaciones habían golpeado duramente a la frágil cadena de suministro de la industria textil just in time, de la cual depende el 80% de las exportaciones del país. El sector advirtió que en pocos días se registraron pérdidas por 58 millones de dólares. Cientos de fábricas cerraron sus puertas por miedo a ser vandalizadas, ya que varias fueron incendiadas. Además, reconocen el temor de que sus trabajadoras se unan al movimiento de protesta y se afecte aún más la producción. Desde la Central Sindical de Trabajadores de la Confección de Bangladesh (GWTUC, por sus siglas en inglés), la activista Ferdewsi Rahman afirmó que se habían comenzado a unir miles de trabajadoras textiles a las protestas, donde ya estaban participando diversos sectores de artistas, intelectuales y profesores. El ingreso de este sector clave fue lo que dio el golpe de gracia. Desde 2013 venían protagonizando protestas y huelgas por mejoras salariales. Tras los años de pandemia, el movimiento huelguístico había vuelto a la carga por una mejora durante 2023, desgastando al gobierno desde ese momento.

El analista Michael Kugelman explicaba en la revista Foreign Policy que las protestas hicieron añicos la imagen de una Hasina inquebrantable. La ex primera ministra había basado su gobernabilidad en tasas de crecimiento del 6% anual durante los últimos 15 años, debidas principalmente a la exportación de productos textiles y la inversión en obra pública. Pero para un país de 170 millones de personas esto no es suficiente. La polución se extiende en las calles, con el aire densamente cargado de hollín, y los extensos ríos que fluyen desde el Himalaya están todos contaminados.

La situación macroeconómica en general ya era sombría. El Fondo Monetario Internacional (FMI) venía exigiendo un programa de restricciones del gasto público junto a reformas de mayor apertura y desregulación. Además, el Gobierno, para sostener el crecimiento, había tomado grandes préstamos de otros países asiáticos, principalmente China y la India, lo que dejó a la economía vulnerable a la volatilidad de las divisas y los mercados.

Aunque Hasina ya pendía de un hilo, había ganado un cuarto mandato recientemente con una participación electoral del 40%, la más baja en la historia del país. Su Gobierno había logrado una convergencia entre los empresarios textiles, una alianza con partidos de derecha pero también de izquierda, como los maoístas del Partido de los Trabajadores de Bangladesh.

La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país

Mumu Balaika, una estudiante de la Universidad de Jahangirnagar, explica que “Hasina, desde que llegó al gobierno en 2009, fue centralizando el poder en su figura y persiguiendo a la oposición, tanto líderes sindicales como estudiantiles”. Efectivamente, un informe de Human Rights Watch revela casos de “desapariciones forzadas”, “ejecuciones extrajudiciales” y “tortura”. Esta característica de su gobierno fue uno de los factores de odio generalizado contra su figura.

¿Y ahora qué sigue? La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país. Con una oposición débil y rechazada por la población, los estudiantes que lucharon de forma heroica tampoco pueden anticipar el futuro inmediato. Dip Ranjan Sarker comenta desorientado, desde las calles del distrito de Comilla, que “ahora no sabemos qué sigue, estamos todos esperando qué pasará”.

Ashraf, investigador y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Jahangirnagar, comenta que “no hay una alternativa clara tras la caída del Gobierno por la fuerza de las protestas, y puede que haya algún llamado a nuevas elecciones, pero no existe una estructura política que pueda reemplazar a la elite actual de la Liga Awami ni a los otros partidos”. Explica que “es muy probable que esto conduzca a un gobierno militar, pero la población no lo va a tolerar”.

La caída de Hasina no es un proceso aislado en el sur de Asia. Durante 2022, el movimiento Aragalaya volteó a la dinastía de los Rajapaksa en Sri Lanka. En 2021, en Myanmar, las obreras textiles encabezaron la resistencia contra el golpe militar. En 2020, las calles de Tailandia se vieron abarrotadas de jóvenes levantando tres dedos en alusión a las tres demandas contra la monarquía Vajiralongkorn. Aún la situación en Bangladesh es abierta: “El norte no está del todo claro, pero sabemos lo que no queremos”, dice desde Manipur Rab Tanjim, un joven estudiante tras un día largo en las barricadas, “fueron días y noches terribles, perdí a muchos amigos, pero para nosotros hoy es el día de la victoria”.

El 28 de julio -cuando la mayoría de peruanos conmemoraba su día de la independencia con la bandera a media asta por los abusos del regimen de Dina Boluarte, controlada por un congreso de mayoría fujimorista- un millón y medio de venezolanos residentes en el Perú hubieran querido votar en las elecciones generales de su país a fin de acabar con el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo solo 649 venezolanos lograron votar en el consulado de su país en Lima. Los requisitos eran draconianos. El gobierno de Caracas impuso que sólo podrían votar quienes tuviesen el carnet de extranjería con la visa permanente para residir en el Perú, asimismo que debían tener sus pasaportes vigentes, cuya actualización costaba 300 dólares, una cantidad que muy pocos venezolanos podían cumplir por su situación económicamente precaria como inmigrantes con sueldos que sólo les permiten sobrevivir en el extranjero a la vez que tienen que enviar dinero a sus familiares que quedaron sin ingresos en su país de origen.

Ese domingo las principales calles del centro de Lima estaban bloqueadas por las fuerzas de seguridad a causa de las marchas de protesta denominada los Cuatro Suyos con pobladores de todas las regiones del Perú y que se habían iniciado desde la víspera e iban a durar hasta el 29 de julio, fecha del tradicional desfile militar con motivo de las fiestas patrias.

Cerca de la embajada de Venezuela se congregaron algunos venezolanos a la espera de los resultados de las elecciones, sumandose a las protestas de los peruanos que se realizaban por varios puntos de la capital al no poder ingresar al centro de Lima.

Los locales protestaban por el regimen de Boluarte dominado por un Congreso que ha aprobado leyes que van en contra del país, dando carta blanca a la operación de la minería ilegal, la tala indiscriminada de los bosques de la selva amazónica, a la vez que invaden los territorios de grupos indígenas cuyos líderes han sido asesinados por decenas en años recientes. Asimismo ha sancionados leyes laxas al narcotráfico y la abolición de una ley que sancionaba a convictos o acusados de crímenes de lesa humanidad, durante las décadas de los 80s cuando el grupo maoísta Sendero Luminoso le declaró la guerra al estado peruano y los 90s durante la dictadura de Alberto Fujimori, con un saldo de 76 mil muertos, entre civiles y fuerzas del gobierno. El descontento en el país es mayoritario tal como reflejan las encuestas que le dan una aprobación del 4% a la presidenta Boluarte y otro tanto al Congreso dominado por el fujimorismo, y que cuenta con el apoyo del izquierdista Perú Libre y otros grupos de centro derecha.

También las protestas de manifestantes venezolanos resonaron en las calles de Lima el domingo por la noche, al conocerse los resultados emitidos por Consejo Nacional Electoral en Caracas, que dio la victoria a Maduro tras el conteo de un 80% de votos escrutinados.

De un lado y el otro de la frontera, manifestantes con distintos orígenes, credos e ideologías, coincidían en una consigna: “El miedo se acabó”.