El pasado 8 de noviembre, durante una conferencia de prensa de la que participaban el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el desregulador Federico Sturzenegger, se anunciaba el ‘fin de Intercargo’. Tal como lo reproduce la página oficial del gobierno, Adorni utilizó éstos términos para festejar la noticia: “es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”. La medida habilitaba a las Fuerzas de Seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general: “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”, aseguró el Vocero y agregó que “a este Gobierno no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes”.

La desmesura de los calificativos del gobierno no provocaron el estremecimiento social que hubiese sido de esperar. En cualquier democracia hubiera sido un escándalo que las acciones sindicales, amparadas por la Constitución Nacional, fueran definidas como actos terroristas, y sus dirigentes como delincuentes que secuestraban gente y tomaban rehenes. Nada de eso ocurrió.

No es la primera vez que existe una embestida legal, represiva y comunicacional contra los gremios. Durante el gobierno de Mauricio Macri no dudaron en intervenir sindicatos y considera como mafiosos a abogados y jueces laboralistas. En aquel entonces, Macri fue denunciado por varias organizaciones, entre ellas el CELS y la Corriente de Abogados y Abogadas laboralistas 7 de julio, por violación a los Derechos humanos. El propio presidente tuvo que ir a dar explicaciones en noviembre de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo.

Por esos días, nació la FAOS, Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal conformada por abogados laboralistas dispuesto a defender los derechos legales adquiridos por el movimiento obrero en un contexto de estigmatización de los dirigentes sindicales, represión de la protesta social, y medidas tendientes a obstaculizar la libertad gremial.

Preocupados por el surgimiento de una nueva caza de brujas, con acciones y lenguajes mucho más violentos que aquellos, reflexionamos junto al abogado laboralista, Gustavo Ciampa, uno de los fundadores de la FAOS, sobre los dichos del vocero presidencial y el propio presidente.

LCV: En estos días yo vengo preocupada por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como “terrorismo sindical”, “subversión”, etcétera. ¿Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, han analizado este tema? ¿Qué piensan?

—Es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, no es descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente la libertad de pasajeros, es muy grave. Hoy traía a colación cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl, que Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria y le decía: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”, imputando a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. Calificar de terrorista no es disputa política, imputar la comisión de delitos graves, como secuestro, no es disputa política. A esto quiero traer colación algo muy importante desde el punto de vista político, soy abogado, que son algunas cosas que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en nuestro país, obligatorio para todos los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales. Pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno, como para el poder judicial, como para el poder legislativo. Entonces, ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio?

Primero dijo: los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Es una obligación del Estado, el Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Además dijo: el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental el derecho de huelga y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? El derecho de huelga es una acción colectiva que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos.

LCV: Podríamos utilizar otra definición? como comunicadora te digo que decir “hay huelga para hacer daño” no es lo ideal para que la gente sea empática.

—No, por eso yo te puntualizaba esto. No es “hago huelga para hacer daño”, hago huelga para el logro de una reivindicación. Ahora, en eso hay un daño.

LCV: Bueno, está bien. Usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación.

—No me quedo con el daño, me quedo con la materialidad. Como en todos los conflictos, hay gente que se solidariza. Esto es como la protesta, si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos allá lejos, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos donde no se visibiliza, donde no moleste a nadie, bueno, eso no es la protesta. La protesta para ser tal tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo.

LCV: Visible y comprensible, para generar empatía.

—Para obtener el favor social. Ahora, ¿Qué es lo que además dice la Corte Interamericana? Esto es obligatorio para nuestro país: el Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. No se puede penalizar, dice la Corte Interamericana. El Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Más allá de que la Ley Bases, sancionada por este gobierno o sancionada durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido. Porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga en el conflicto puntual de la aeronavegación pero esto, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. No creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a tocar.

LCV: Esto es la preparación del oído de la gente de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra “terrorismo” asociada a huelga o asociada a sindicato.

—Tal cual. Estamos de acuerdo. Por eso me interesa reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna versión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la libertad o como secuestros. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los Estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida, incluidas las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, como delito. No se puede utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras para reprimirlo.

LCV: Para este gobierno romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder.

—Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Además, por ahora, la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional, y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vos me podes decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro, se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime; en vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser huelguistas, no puedan ser sancionados, los sanciona; busca crear y crea, como el Protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo esto es violatorio de la Constitución Nacional. Esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol, y esto yo sé que también es difícil. Como abogado digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir “bueno, el tratado tal dice tal, la Corte Interamericana dice tal”, pero es lo que tendría que hacer.

Días atrás, se realizó un Congreso Nacional de Delegados y Delegadas junto a la Comisión Directiva de Aceiteros y Desmotadores, liderada por Daniel Yofra, con un objetivo claro: “escuchar a los dirigentes para que nos ayuden a pensar cómo hacemos para afrontar esta situación“, tal como señaló a LCV el Secretario General de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Fueron dos días de debate, el 5 y 6 de noviembre, del 73° Congreso Ordinario y Extraordinario, en el que participó también el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), Daniel Succi, con la presencia de 160 delegados de ambas organizaciones. Además de ellos, formaron parte de la mesa Marco Pozzi (secretario de Salud Laboral de la FTCIODyARA) y Carlos Zamboni (abogado laboralista y asesor de aceiteros). “No podemos conformarnos con resistir, necesitamos conformar un programa propio de las y los trabajadores, buscar una reforma laboral que se acomode a las necesidades de quienes trabajamos”, fue una de las consignas con las que convocaron a este Congreso que se realizón en el Club Español (Bernardo de Irigoyen 172, CABA).

Desde nuestros inicios, La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, sigue con atención el desarrollo de la actividad gremial de los aceiteros por varias razones. No sólo porque son un gremio potente con gran influencia en la vida económica del país, que logra paritarias extraordinarias, sino porque resulta un laboratorio gremial cuya originalidad es digna de destacar. Un Congreso abierto para conocer de primera mano cuál es la realidad del sector -cuando generalmente son los dirigentes que convocan a sus delegados para bajar línea- fue el estímulo que nos llevó a conversar con Daniel Yofra esta semana, quien no dudó en decir: ” Los que tienen problemas tienen que salir a gritar y a exponer su situación. No todos pueden hacer huelga, no todos pueden manifestarse, pero sí todos pueden plantear cuál es la situación .”

Mientras el gobierno avanza con una verborragia que creíamos olvidada, apelando a términos como ‘terrorismo sindical’ y militarizando los conflicos gremiales, los aceiteros debaten, invitan a gritar. ‘Hagan lío”, decía el Papa Francisco. La cuestión es cómo y con qué dirigentes. “Tarde o temprano la unidad de los trabajadores va a llegar. Siempre ocurrió. Ojalá que no sea detrás de ningún proyecto político o partidario sino detrás de un movimiento obrero empoderado, eso es lo que se necesita“, pronostica y advierte Yofra.

Vale la pena leer la entrevista completa de un dirigente ‘como los de antes’, hijo de un obrero de Villa Constitución preso durante la dictadura, que lleva el mandato de clase en la piel. Enrolado en el Frente Sindical para un Modelo Nacional que lidera Pablo Moyano, mantiene una postura acorde a sus convicciones, con la participación democrática de sus afiliados. Al menos, así parece. El tiempo dirá.

LCV: Hace muy poquito ha habido un encuentro de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Supongo que deben haber charlado muchas más cosas además de las paritarias. ¿Cómo vieron el panorama político gremial de nuestro país?

—Fue un Congreso Nacional de delegados y delegadas y comisión directiva de Aceiteros y Desmotadores, en donde invitamos a dirigentes para que nos ayuden a pensar para ver cómo hacemos para afrontar esta situación. Más allá de la situación particular que atravesamos hoy los trabajadores y trabajadoras de Aceiteros y Desmotadores, donde tenemos un salario acorde a las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. Hay otros compañeros, hay otros dirigentes, hay otras ramas que están padeciendo estas políticas que hoy está atravesando el país. Entonces, invitamos a esos compañeros para que se manifiesten y también para que le digan a los dirigentes qué verdaderamente está pasando. No que se guíen los dirigentes por los medios de comunicación que hay, que a veces desinforman.

LCV: Hay una mirada que se propaga por los medios, en donde directamente se califica de “terrorismo” a las protestas gremiales, terrorismo sindical, le llaman. Y hay otra mirada que banaliza esas palabras, como si no tuvieran la importancia que tienen. Después se deja de hablar de los conflictos si no están en la calle o no aparecen.¿Qué te parece que hay que hacer para visibilizar la conflictividad del mundo del trabajo en este momento?

—Yo creo que los que tienen problemas tienen que salir a gritar y a exponer su situación. Hay 300 mil despidos en lo que va del año. Los salarios han caído a partir de diciembre de 2023. La situación de precariedad que hay hoy con la Ley Bases se profundizó en la clase trabajadora. Me parece que hay que salir a plantear estas situaciones con la herramienta que cada organización tiene. No todos pueden hacer huelga, no todos pueden manifestarse, pero sí todos pueden plantear cuál es la situación. Me parece que más allá de lo desafortunado que son determinadas declaraciones, uno no puede dejar de salir a plantear lo que le está sucediendo ni a salir a enfrentar esta situación. No nos pueden venir a correr con un título, como vos planteaste anteriormente, de que somos terroristas.

LCV: ¿Qué sentís cuando escuchás en una misma frase de un vocero presidencial “terrorismo sindical,” “acciones subversivas,” “rehenes”, “vamos a aniquilar esos conflictos para el bienestar de la gente”? Vos como dirigente, ¿qué percibis de peligrosidad en ese discurso usado así de esa manera?

—Primero, que el que se dirige hacia la sociedad no es un trabajador, es una persona que nunca trabajó bajo patrón, ni bajo empresario, ni nada. Segundo, no son los indicados como para generar confianza, ni para que la gente diga “Uh, pucha, tiene razón.” Es como la canción de Sandra Mihanovich que dice “Debajo del asfalto existe gente que no conoce el sol ni conoce los colores.” Bueno, estos son unos de ellos. Este grupo que sale ahora y que te ponen a discutir a personas que tienen una trayectoria, que han trabajado, que tienen aportes, con un pibe que estuvo detrás de una computadora toda la vida y que piensa que puede discutir un país porque nunca ha trabajado. Me parece que es un despropósito. Creo que los dirigentes sindicales no pueden estar pensando en lo que dice un vocero presidencial.

LCV:. Lo que me provoca es que están acostumbrando el oído de la gente a palabras que teníamos salidas de criterio. Porque en democracia una protesta no es terrorismo.

—Porque nosotros estamos callados, estamos callados a la hora de salir a decir lo que pensamos y lo que somos. Yo no puedo dejar de decir porque va a decir “Y claro, es sindicalista.” Y sí, soy sindicalista y represento los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Vos qué sos? Porque a vos te conocemos ahora pero yo tengo 37 años de aporte ¿Me entendés? No puede venir un tipo a decirme “son terroristas”. ¿Y vos qué sos? ¿Cuántos años de aporte tenés? A ver, pongamos los papeles sobre la mesa. Yo tengo recibo de sueldo de cuando empecé a trabajar en el año 85. ¿Vos cuándo arrancaste a trabajar?

Tampoco hay que asustarse porque si no ellos te agarran y te dicen “Vamos a reprimir las protestas.” Bueno, no repriman todas las protestas. “Vamos a cerrar o van a poner gendarmes en los lugares que estén de huelga” ¿Y qué van a hacer los gendarmes? ¿Van a trabajar? ¿Van a poner en marcha la planta? ¿Van a poner en funcionamiento el país? En la pandemia se demostró que los trabajadores son mucho más importantes que estos inútiles que lo único que saben hacer es bicicleta financiera y quieren venir a discutir un modelo de país que incorpore a toda la sociedad.

LCV: Patricia Bullrich apelando a la militarización posible de un conflicto, poniendo el reemplazo en gendarmes y prefecturas, también es una foto que va insensibilizado a a la gente de cosas que en nuestro país eran sensibles. No era fácil para uno pensar en que gendarme o lo que fuera venga y haga el trabajo de un de un transportista. Era una cosa que no te la imaginabas diciendo, ahora se le ocurrió y lo tiraron al aire y no salió la gente a decir que era una barbaridad. A eso me refiero con la insensibilidad

—Sí. Tampoco hay grandes micrófonos que nos ponen en la boca a los que hablamos. Incluso los que son oposición a este gobierno, siempre están en el chismerio, entran en la lógica muy básica de hablar mal de los demás y no de cómo sacamos este país adelante. Que ella haga estas cosas a mí no me asombra porque ya el presidente lo dijo en un momento, que tiraba bombas en los jardines. Si podía hacer eso que calculo yo que debe tener pruebas, seguramente puede hacer otras cosas. Pero bueno, si nosotros decimos ¿Vos qué sabes hacer? Vení a poner en marcha una planta, trabaja en un Call Center, todas las actividades que la manejan los obreros trabajadores y trabajadoras, que lo hagan.

LCV: ¿Apostas a la unificación en la lucha?

—Sí, tarde o temprano esto va a ocurrir. Siempre ocurrió. Ojalá que sea no detrás de ningún proyecto político o partidario sino de detrás de empoderar al movimiento obrero que lo necesita. Yo soy un dirigente de 30 años de militancia pero hay trabajadores que tienen 10 o 15 años que la están pasando muy mal y no tiene a nadie que lo represente. porque la representación genuina de todos los trabajadores que no tienen organizaciones es la CGT o las centrales, y no están funcionando como deberían. Por eso sale alguien como Adorni a decir cualquier estupidez y cree que dice algo importante, cuando hace 30 o 40 años atrás no había un Adorni en el poder, ni siquiera en una base había un Adorni. Pero bueno, es lo que está, es lo que ellos supieron engañar muy fácilmente y nosotros no supimos gritar para que esto no ocurra, para que un gobierno como el de Milei esté manejando los destinos de nuestro país.

Esta semana se conoció la noticia de que la minera china Zijin-Liex en Fiambalá, Catamarca, enfrenta deudas insostenibles, hubo despidos y paralizó su planta de procesamiento. Además fue acusada de maltrato laboral y de género. “Todo llegó de repente y de repente ahora nos topamos como que fue un mal sueño”, declaró una vecina. Una pesadilla que destruyó las fuentes de trabajo locales, tanto turísticas como agropecuarias que provocó manifestaciones en la puerta de la planta a finales de octubre.

Zijing es uno de los principales gigantes mineros del mundo, también en oro y cobre. En Fiambalá se incorporó a un proyecto de Litio que viene teniendo problemas hace rato.

Ya en noviembre de 2022, a partir de diversas denuncias y notas en medios locales, el fiscal federal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez (con jurisdicción sobre esa provincia, Catamarca y La Rioja) realizó un estudio a pedido del fiscal federal de primera instancia de Catamarca, Santos Reynoso, en la que destacó la existencia de ‘serias irregularidades en el manejo de residuos químicos y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene en la planta de procesamiento’. Hizo también mención a “condiciones de explotación y precariedad” de los trabajadores e “irregularidades en materia de seguridad” y agregó que la Asamblea Fiambalá Despierta había denunciado “contaminación de agua y avasallamientos de los derechos de trabajadores y habitantes de la región”.

Tres meses después de ese relevamiento, en enero de este año, los trabajadores de Liex Zijin SA, subsidiaria local de la minera china Zijing Mining, denunciaron incumplimiento del régimen laboral, exceso de horas de trabajo y malos tratos por parte de la empresa. Por ese motivo fueron despedidos 9 trabajadores. Diez meses después, la historia se repite pero más complicada.

Llegamos a octubre con una deuda de 150 millones de pesos y más despidos y denuncias.

Consultamos a la historiadora y educadora popular de Pañuelos en Rebeldía, Patricia Agosto, quien también es miembro de la ONG Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, una organización que tiene 40 años de existencia dedicada a trabajar con la economía social y temas relacionados con el extractivismo.

LCV: ¿Qué relación tiene una empresa minera como Zijin con la población de Fiambalá ?

– Los chinos tienen una manera muy particular de insertarse en los territorios. No son igual que cualquier corporación del extractivismo ni del agronegocio. Tienen una manera particular que nosotras definimos en nuestra investigación como de una ‘invasión cultural’ y de una injerencia política muy clara.

Primero, resuelve todos los problemas que tenga la comunidad, porque hay una delegación de parte del Estado, el municipal, el provincial, a que esas cuestiones, esas problemáticas sociales las resuelva la empresa. Después, hay una injerencia que tiene que ver con lo cultural, porque se enseña chino, porque se festeja el Año Nuevo chino, digo, tiene una manera diferente de insertarse en el territorio. Entonces, todo ese proceso ya lo vivieron, ya están terminandoo construcción de la planta, aunque hay una parálisis. Estuvimos en la puerta de la empresa, porque no te dejan entrar, hace 15 días aproximadamente. La empresa está construida, o sea, la planta de procesamiento que está en las afueras de la ciudad está prácticamente terminada. Hay un parate que tiene que ver con muchas cosas: fundamental, el derrumbe del precio del litio a nivel internacional, que ahora este año dio 80% menos de lo que era hace dos años atrás el precio del litio en el mercado mundial. Porque hay exceso de litio, porque claro, todas las potencias del Norte Global se empezaron a desesperar para obtener litio y entonces lo que hay en realidad es tremenda cantidad. No hay tanta demanda como oferta. Esto claramente hizo derrumbar el precio.

Por otro lado, también muchas empresas contratistas, al  hacer un parate, en la terminación de la construcción, muchas empresas contratistas ya no están contratadas por Zijin, razón por la cual esto trae como colación todo esto que decía de la disminución de empleo, la ola de despidos. Pero creo que tiene que ver con esa lógica. La empresa ya está instalada, la empresa prometió incluso salarios mucho más elevados, que de hecho lo son, porque la verdad que la mayor parte de la población catamarqueña depende del empleo público y no son enormes, son bastante pequeños los salarios. Entonces, lo que se gana en una minera es mucho, a lo mejor son 400 o 500 mil pesos que nadie gana en Catamarca.

LCV: Tampoco estamos hablando de tanto.

—No estamos hablando de tanto, pero frente a lo que puede ganar un empleado público, quizás más ahora, quizás estoy diciendo cifras que no son actuales. Pero igual, ponele un millón de pesos, no importa, lo que digo es que nadie gana un millón de pesos en Catamarca. Entonces, hay como una atracción hacia ese tipo de empleos. Ahora, lo que pasa con la minería es esto: hay mucho empleo, relativamente, en la construcción de la planta y después lo que ocurre es que la planta se terminó de construir, se deja de contratar mano de obra local y frena la ocupación. El empleo está en manos de chinos y chinas, porque esto se ve muchísimo en Fiambalá.

LCV- Cuándo llegó Zijing a Catamarca?

—La empresa fue comprada por China no hace tanto. El proyecto original de Tres Quebradas, que es el proyecto este de Fiambalá, en realidad estaba en manos de Neo Lithium, que era una empresa canadiense con una subsidiaria que es Liex S.A, que es la misma que hoy es subsidiaria de Sinomach, de la China. Desde el 2016 están en Fiambalá con el proyecto. Fueron poco a poco, vos sabés cómo son estas cuestiones de la minería, primero la exploración, prefactibilidad, etcétera. Y en diciembre del 2021 se hace la audiencia pública a través de la cual se aprobó la fase de explotación de este proyecto de litio.

Nosotras tuvimos la posibilidad de estar en esa audiencia que fue absolutamente monocorde, solo se escuchaban voces favorables a la empresa. En esta audiencia pública, en la que poco tuvo que ver con que se escuchen todas las voces, fue la que dió su ‘aprobación’ al proyecto. A partir de esa audiencia se aprueba la fase de explotación y en enero del 2022 la compra Sinomach, la empresa china. O sea, la condición que se puso para comprar la empresa era que tuviera aprobada en esa audiencia pública la fase de explotación. Entonces, a partir de ese proceso, un proceso largo, se empieza a construir la planta.

No me sorprende nada de lo que pasa con Sinomach. Vivo en una provincia como Catamarca, que es el laboratorio de la megaminería a cielo abierto con el tema de La Alumbrera desde el ‘97. No sorprenden las cosas que ocurren, porque suele ocurrir esto mismo que está pasando. Es decir, la empresa se muestra relativamente amigable, en territorio, resolviendo problemas de la población local, prometiendo empleo directo e indirecto con los proveedores, etcétera. Y la verdad, con un discurso que tiene que ver con “la minería es igual a desarrollo”. Por supuesto, este discurso no es solo empresarial, sino que también es político. Entonces, nosotras hablamos claramente de una alianza estratégica entre el Estado y las empresas para instalarse.

LCV: ¿Quiénes ostentan el Estado en Catamarca? En todo caso, ¿Esto es transversal, el tema del negocio con las mineras, a todas las fuerzas políticas locales o alguna fuerza se enfrenta?

—Hace muchísimos años que en Catamarca gobierna el Partido Justicialista, es decir, ahora gobierna Raúl Jalil. Él se presentó por el Frente de Todos.

LCV: Pero ahora Jalil no está con el Frente de Todos.

—No está porque se acomoda. Viene acompañando las medidas de Milei. Y sinceramente, si vos me preguntás si hay alguna fuerza política en Catamarca que se oponga, te podría decir que desde la palabra quizás algunas, pero primero, hace muchos años que gobierna el Partido Justicialista. Entonces, es difícil saber qué harían, pero los radicales en su momento, que también estuvieron hace muchos años tampoco han sido, siendo gobierno, una voz muy opositora a la minería. Además, sumale a todo esto todo el discurso de la transición energética.

En el caso del litio, es considerado un “mineral estratégico” para las energías limpias, para la supuesta transición energética, que es absolutamente necesaria para reemplazar, digamos, los combustibles fósiles. Pero bueno, nosotros tenemos un debate enorme con ese concepto de la transición energética, porque lo primero que tenemos que pensar es para quién es esa energía, para qué es esa energía, desde dónde se está proponiendo esa transición.

LCV: No hay una mirada social, obviamente, en esa transición energética social.

—Y es muy colonial, si querés, Nora. Porque la realidad es que el Norte Global, lo que hoy llamamos el Norte Global, el Primer Mundo en otro momento, en realidad es una propuesta de transición para ese mundo. Entonces es como que “recuperamos”, revivimos toda la política de la concepción colonial del vínculo entre los países del Sur Global y el Norte Global, diríamos hoy. Porque, ¿qué rol tiene Catamarca o la Argentina en esta propuesta de transición energética? Bueno, proveer los bienes comunes, diríamos, o sea, el litio o el cobre, con la misma lógica colonial de toda la historia, de toda nuestra historia, ¿no?

LCV: Absolutamente, una lógica colonial, en donde además no nos extraña entonces la violencia de género, que los trabajadores sean rehenes de los problemas económicos de las empresas y demás.

—Total. Yo, mirá, lo que te agregaría es que es una lógica, una estrategia que es muy común de cualquier empresa. Es decir, te lo vamos a decir vulgarmente: prometen el oro y el moro mientras están por instalarse en el lugar.

LCV: Supongo que la situación de la gente respecto de esa desilusión debe ser importante también, ¿no? Deben haber comprado el discurso del progreso total.

—Porque además Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina. O sea,  ejemplo más claro que Catamarca para demostrar que la minería no lleva al supuesto desarrollo, al supuesto progreso, es Catamarca, que desde el 97 tiene la experiencia de La Alumbrera. Entonces, digo, más allá de eso, la situación general de la provincia, del país, lleva por supuesto a mucha gente a ilusionarse, por decirlo de alguna manera, con este discurso muy sostenido desde la empresa y desde el Estado, que tiene que ver con que de la mano de la minería viene el desarrollo, viene el progreso. No es lo que muestra Catamarca, porque basta solo mirar las estadísticas sociales de Catamarca y vos te das cuenta que nada que ver con eso.